Los nuevos planes de incentivos contemplan una inversión millonaria
Alex Catalá presenta su caso de éxito, junto con Alberto Acuña.
La Junta de Castilla y León prevé convocar en diciembre una nueva partida de ayudas a la rehabilitación para la adecuación energética de los edificios, que abarcará los edificios privados y públicos y que cuenta con una inversión de 17 millones de euros, destinados a alumbrado interior, calefacciones y la integración de energías renovables. El objetivo es que genere inversiones inducidas que ronden los 60 millones de euros. «La selección primará la inversión en eficiencia energética, pero se tendrán en cuenta también los criterios de poblaciones más pequeñas y de tipo social», aseguró en la clausura del foro de Aurhea el director general de Energía y Minas de Castilla y León, Ricardo González Mantero.
Señaló que «estamos en una situación que ofrece muchísimas posibilidades, porque la demanda seguirá siendo muy elevada». El director general recordó que los hogares consumen un 30% de la energía final, de manera más elevada en la Comunidad, por las necesidades de acondicionamiento térmico derivadas de la climatología.
El director general lamentó que la mayor parte de las edificiaciones tengan una calificación energética muy baja, y destacó la inversión de los fondos Feder para favorecer una mayor eficiencia en los próximos cinco años.
Los representantes de las administraciones autonómica y municipal, así como del Ente Regional de la Energía, hicieron repaso durante la jornada no sólo a la evolución en la legislación referida tanto a la rehabilitación como a las mejoras de gasto energético (en las que Castilla y León ha sido una Comunidad pionera); sino a los distintos programas que se han puesto en marcha a todos los niveles para mejorar el entorno y las viviendas y crear unas poblaciones más sostenibles.
Entre estas herramientas se destacaron las áreas de rehabilitación integral en sus distintas fases, que han supuesto millonarias inversiones y han beneficiado a cientos de familias ya en la ciudad; así como a los planes especiales para la regeneración tanto privada como de los espacios públicos de varias zonas de la ciudad.
También se detalló el proceso de certificación de la eficiencia energética, obligatorio desde 2007 para las nuevas construcciones y desde 2013 para el resto, cuando se pongan en venta o alquiler.