El Ayuntamiento paraliza las obras de Santa Luisa por carecer de licencia

L. urdiales | redacción

El Ayuntamiento de León ordenó la paralización de las obras que la Diputación acomete para la reforma de habitaciones en la residencia Santa Luisa, por ejecutarse sin licencia urbanística. Así se dispone en un decreto de la concejalía de Urbanismo, que resuelve, además, el inicio de un procedimiento sancionador derivado de esta actuación, al considerar la existencia de una infracción urbanística y con intención de restaurar la legalidad. El decreto de la concejala Ana Franco dio continuidad y respuesta, de manera inmediata, al informe abierto por el servicio de la inspección urbanística municipal del Ayuntamiento de León, que actuó de oficio al tener conocimiento de la reforma de habitaciones en la residencia de mayores Santa Luisa, localizada en el número 23 de la Avenida de Asturias, actos de uso de suelo en ejecución y sin haber presentado en el registro municipal la declaración responsable que habilita la realización de este tipo de obras. En el mismo relato del decreto de la concejala de Urbanismo se señala que el informe del inspector acredita los hechos investigados con fotografías que contrastan el estado del edificio en febrero, antes de acometer las obras, y en abril, con la ejecución ya iniciada. La orden de paralización señala a la Diputación de León como propietario o promotor del evento; y dispone, además de detener la ejecución que se acometía, mantenerla de forma provisional hasta que sea solicitada o concedida la licencia urbanística. Si se da el caso de denegación de licencia, o la comunicación previa o declaración responsable se consideran incompletas, la suspensión de las obras se transformará en definitiva hasta que se restaure la legalidad en torno a este edificio asistencial. El decreto municipal subraya que la paralización tiene consideración de medida cautelar y en ningún caso trata de prejuzgar la legalidad de la actuación que detiene; sólo persigue evitar que se consolide la actuación. La orden añade requerimientos que ha debido cumplir la impulsora de las obras, la Diputación, como promotora y propietaria de los actos: un plazo de cinco días desde la notificación de la resolución para retirar los materiales de obra y la maquinaria dispuesta para ejecución. Para asegurarse del cumplimiento de esta disposición, el Ayuntamiento prevé incluso, en caso de necesidad, proceder al precintado del recinto de las instalaciones y de su acceso; u orden de corte de suministro a las empresas o entidades suministradoras de agua y energía hasta que se conceda la licencia urbanística.