La larga batalla judicial por intervenir las piscinas concluye a favor del Consistorio

p. infiesta | san andrés

Tres años y medio después de que la empresa Gexín optara por dejar de prestar el servicio de las piscinas municipales de San Andrés del Rabanedo y el centro de ocio de Trobajo, lo que supuso su cierre al público, la batalla judicial para aclarar si la posterior intervención municipal del contrato de explotación fue correcta o no, se ha resuelto a favor del Ayuntamiento. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León ha desestimado el recurso presentado en marzo de 2014 por la ex adjudicataria contra el acuerdo que adoptó el Pleno el 30 de enero de ese año y que acordaba la intervención para poder acceder a las instalaciones, mantenerlas y reabrirlas para el disfrute de los usuarios. El cierre de las piscinas fue uno de los temas más cuestionados y controvertidos durante la legislatura popular del alcalde Gregorio Chamorro. Ahora, la Justicia da la razón al PP al reconocer que las decisiones adoptadas fueron las que, administrativamente, se podían tomar en aquellos momentos en aras a prestar el mejor servicio a los ciudadanos. La sentencia, dictada el pasado 25 de abril, cierra el círculo de procedimientos abiertos por la mercantil contra la decisiones adoptadas por el Partido Popular y ratifica lo que ya han acordado otros órganos jurisdiccionales como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Es más, Gexín deberá indemnizar al Ayuntamiento por dejar de prestar el servicio. Esta compañía logró la gestión de las piscinas del municipio en octubre de 2005 por una cuantía anual muy abultada para los populares. El Ayuntamiento, con una bola de deuda que engordaba año a año en las etapas socialistas, comenzó a retrasar el pago del servicio, lo que puso contra las cuerdas la viabilidad de Gexín, que logró regularizar sus adeudos a finales de 2011, con el plan de pago a proveedores que puso en marcha el PP. Siguieron produciéndose impagos y en septiembre de 2013, la empresa cerró las instalaciones deportivas y de ocio. Tres meses después entregaron las llaves. La controversia en los tribunales se suscitó por una hoja firmada por el entonces regidor poco antes del cierre decidido por Gexín (el 2 de octubre de 2013) que hablaba de rescatar el servicio de las piscinas por parte de la administración local. Los jueces aprecian que ese documento carece de validez, ya que decidir sobre un posible rescate no era competencia del alcalde y sí del pleno, que rechazó esa posibilidad y decidió la intervención. Es más, el juzgado de lo Contencioso no ve que exista «ni un elemento que pueda determinar la nulidad del acuerdo del plenario, que determina no acordar el rescate, sino estudiar la viabilidad mediante una auditoría».