El PSOE critica «el sesgo partidista» del dictamen de las calles franquistas

á. c. | león

El informe de la comisión de expertos formada para dictaminar sobre la supresión o no de las 33 calles denunciadas como franquistas ante el juzgado por Aerle y el abogado Eduardo Ranz encontró ayer el rechazo del PSOE y Pozo Grajero. Tanto los socialistas como el colectivo vinculado a los represaliados leoneses insistieron en «el sesgo partidista» y la «insuficiente» propuesta. El documento plantea que se quiten sólo 9 calles: Capitán Cortés y General Lafuente, en la capital; General Aranda, General Mola, General Millán Astray, General Sanjurjo, General Yagüe y José Antonio, en Armunia; y Calvo Sotelo, en Trobajo del Cerecedo. A mayores, expone que se debata el cambio sobre Alcázar de Toledo, Alférez Provisional, Pilotos Regueral y Carlos Pinilla. El resto las descarta, bien porque pertenecen a personajes anteriores a 1936 o porque, de acuerdo a su criterio, la concesión se hizo por motivos que no tienen que ver con su participación en la Guerra Civil o la represión franquista, como Fernández Ladreda.

Ante este juicio, el grupo municipal socialista reclamó «la revisión completa del listado de calles franquistas, así como la realización de un inventario de todos los símbolos de la dictadura que aún quedan en la ciudad para que sean retirados los antes posible». El concejal Luis Miguel García Copete lamentó «el retraso y la desidia con que el equipo de gobierno municipal está tramitando la petición, realizada judicialmente, del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, y el sesgo partidista de las actuaciones».

García Copete señaló que «el gran problema es que el PP no ha querido reconocer que el cambio de las calles con denominación vinculada a la dictadura viene obligado por el cumplimiento de una Ley, la Ley de Memoria Histórica». El concejal del PSOE subrayó que «existen expertos objetivos que han realizado un listado de las calles que requerirían una nueva denominación y deberían consensuarse, ya que el listado propuesto por el PP dista mucho de convencer tanto en su forma de elaboración como en su dictamen final», en referencia a que el comité de expertos está dirigido por la concejala de Cultura y Patrimonio, Margarita Torres, doctora en Historia, junto a la que participaron el arqueólogo municipal y la directora del archivo municipal, ambos licenciados en Historia.

Más crítico aún fue la asociación Pozo Grajero. El colectivo ironizó con el hecho de que «para lo mucho que han tardado parece que la cocina ha preparado un cocido difícil de tragar». «Estamos de acuerdo en que el listado llegado al juzgado tiene graves errores, pero no podemos compartir que se incumpla el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica y se mida su cumplimiento en el papel durante la Guerra Civil, cuando a la hora de ensalzar la dictadura debe incluirse al propio Régimen», citó su presidente, Santiago Ordóñez, quien abundó en que «parecen haber olvidado además el papel posterior en la represión, lo que conlleva que Martín Villa, Carlos Pinilla o Fraga deban estar entre las calles a sustituir». «Reiteramos la necesidad de crear una comisión municipal, donde los grupos políticos y las asociaciones memorialistas podamos debatir y acordar las medidas necesarias para hacer cumplir la Ley. Crear comisiones técnicas como la que ha realizado el trabajo vuelve a demostrar que no soluciona nada, en todo caso suele poner las cosas peor», afirmó.