Hacienda deja de recaudar 9 millones en León por los alquileres cobrados ‘en negro’

marco romero | león

Algo tan simple como un recibo del consumo eléctrico puede ser la primera pista para que Hacienda comience a investigar si hay fraude en el alquiler de una vivienda, una tendencia que se viene repitiendo cada año y que sólo en la provincia de León genera un rendimiento anual no declarado de 9,1 millones de euros. Porque, según los datos facilitados por los técnicos del Ministerio de Hacienda, hay 3.569 pisos cuyos propietarios cobran el pago del aquiler en negro. Tal cantidad supone un 16,2% del parque total de vivienda. En definitiva, uno de cada seis o siete pisos arrendados están en la economía sumergida, sin contar con los turísticos.

Pese a que la cifra es alta —no obstante se ha reducido drásticamente desde que Hacienda inició la caza de los arrendamientos furtivos en 2012—, se trata de uno de los porcentajes menores en Castilla y León, que en este tipo de prácticas tiene en cabeza a la provincia de Salamanca con el 22,7% de sus alquileres sin declarar al fisco. Según Gestha, entidad que asocia a los técnicos de Hacienda, en la Comunidad se defraudan 48,6 millones de euros al año de los 3.462 millones que se evaden en todo el país.

Nada ha podido parar este fenómeno. Ni siquiera las atractivas deducciones fiscales, la instensificación de las campañas antifraude o las multas que conlleva «la ocultación del contrato que no se ha declarado», algo que Hacienda considera una falta grave. Pero, ¿por qué arriesgarse? La respuesta puede estar en diferentes situaciones que no están contempladas en el sistema tributario español, como puede ser el caso de los jubilados que obtienen un complemento a su pensión alquilando una segunda vivienda, ciudadanos sin recursos que tampoco tienen acceso a la deducción de vivienda o familias que compraron un segundo inmueble durante el tsunami del ladrillo y ahora compensan el cobro del alquiler con el pago de su hipoteca.

Todo un desafío al fisco, que si constata el fraude, además de enviar una propuesta de liquidación —la temida paralela— ordena la ejecución de una multa que puede variar entre el 50% y el 150% de la cuota que ha dejado de ingresar Hacienda. A ello se suma que el propietario pierde todo beneficio fiscal al no poder acogerse a la reducción del 60% aplicable sobre los rendimientos obtenidos, dado que lo que hace Hacienda con un alquiler declarado es gravar la obtención por parte del propietario de una renta derivada de la puesta en el mercado de alquiler de una vivienda.

Eso el arrendador, pero el inquilino también tiene mucho que perder, puesto que la Junta de Castilla y León le podría reclamar las ayudas al alquiler, si es que procede, o incluso exigir la reversión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales que paga el arrendatario cuando se firma el contrato.

Los métodos utilizados para dar con este tipo de fraudes se han ido especializando desde que Hacienda puso el foco sobre los alquileres sin rendimiento declarado hace ya seis años. Una de las campañas que más ha logrado aflorar el fraude es la que controla el uso de una segunda vivienda a través de las facturas del consumo eléctrico o de gas. De constatarse que un inmueble cuyos propietarios declaran no tenerlo alquilado y se aprecia un elevado consumo de energía se inicia una investigación. También las denuncias anónimas son a veces un punto de partida, los datos de «la vivienda habitual» incluso son ya muy comunes los rastreos en Internet para destapar el fraude en los alquileres y, por supuesto, luego están las visitas de los inspectores.

Una opción al fraude que se plantea remota es el contrato de cesión gratuita de vivienda, con una relación lo más concreta posible de obligaciones entre el cedente y el cesionario, con escritura pública e impuesto de donaciones. En caso de recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria, sólo habría que aportar una copia del contrato de cesión para evitar las sanciones.