El gobierno local de San Andrés insiste en que no tiene relación con la trama
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Tanto la alcaldesa del municipio de San Andrés del Rabanedo, la socialista María Eugenia Gancedo, como el resto de ediles investigados en la operación Enredadera negaron ayer cualquier implicación en este caso contra la corrupción municipal, como refleja, alegan, que no haya ninguna prueba en su contra, informó Efe. Este Ayuntamiento celebró por la tarde un pleno extraordinario para depurar las supuestas responsabilidades políticas derivadas de la denominada operación Enredadera que investiga a la alcaldesa, a cuatro ediles del equipo de gobierno (PSOE-PAL) y a un técnico.
El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, Santiago Blanco, explicó que el pasado 3 de julio tanto la alcaldesa como él mismo, otros tres concejales y un técnico municipal fueron detenidos «policial pero no judicialmente» y puestos en libertad tras negarse a declarar en Comisaría. No obstante, recalcó que «a día de hoy nadie del equipo de gobierno ha sido citado judicialmente» para prestar declaración en esta causa. Además, precisó que los agentes se llevaron diversa documentación como el expediente relativo al mantenimiento de instalaciones eléctricas, que se encontraba en tramitación.
«No hay ningún contrato firmado con las empresas investigadas en la operación Enredadera ni si se les ha efectuado pago alguno», precisó Blanco, que subrayó que la oposición ha tenido acceso a todos los expedientes.
La alcaldesa, por su parte, admitió que toma café «con mucha gente pero nunca para abordar cosas que estén fuera de los parámetros de la legalidad», señaló Gancedo, quien negó que en uno de los encuentros investigados por la Udef se abordara la adjudicación del contrato de administración electrónica, tal y como dedujeron «erróneamente» los agentes de esta unidad encargados de la investigación. Para Gancedo, la mejor prueba de ello es que el citado contrato ya estaba adjudicado cuando se reunió con el empresario. «No hemos perjudicado para nada al Ayuntamiento y vamos a tener la oportunidad de demostrarlos durante el proceso judicial», dijo.
Uno de los concejales detenidos el pasado 3 de julio, Juan Carlos Fernández, entonces portavoz de Ciudadanos y actualmente expulsado del partido y en el grupo de no adscritos, negó cualquier irregularidad en su gestión municipal. Francisco Gómez, concejal de Servicios Generales, y portavoz de PAL, socio del PSOE en el equipo de gobierno, explicó que su implicación se debe única y exclusivamente a que tuvo la «mala suerte» de que su departamento tramitó uno de los contratos investigados.
La portavoz de IU, Laura Fernández, exigió la dimisión tanto la alcaldesa como del resto de investigados al entender que su proceder siembra dudas y deben abandonar sus responsabilidades antes el final de la causa. El portavoz del PP, Gregorio Chamorro, llamó la atención sobre la distinta vara de medir del PSOE, ya que mientras proclaman su inocencia en San Andrés promueve una moción de censura en Villaquilambre, cuyo alcalde del PP se encuentra en la misma situación que Gancedo. A este respecto, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, aclarará hoy el contrato investigado por la Udef en su municipio.