Los jueces proponen dictar sentencias de viva voz para agilizar la tramitación

miguel ángel zamora | león

Los jueces proponen agilizar la administración de justicia para los pleitos en masa a través del sistema de sentencias in voce por el que los acusados conocen de viva voz la decisión del magistrado al término de la vista. También proponen retomar la figura del ‘pleito testigo’, que consiste en paralizar la tramitación de causas similares cuando existe gran similitud entre ellas y aplicar una sentencia tipo, para evitar la reiteración de juicios innecesarios.

El decano de los jueces de León, Luis Alberto Gómez, participó en las jornadas nacionales celebradas en Melilla, en las que se abordaron estas y otras cuestiones, con la finalidad de mejorar la respuesta a la ciudadanía en la administración de justicia.

En el documento de conclusiones, se establece la necesidad de abordar una nueva organización judicial (los tribunales de instancia) y la preocupante situación de los juzgados de cláusulas abusivas. «Hemos reflexionado sobre la lucha contra la violencia de género, los aforamientos, el expediente judicial que dificulta, en lugar de agilizar, el trabajo de los jueces. La necesidad de adoptar medidas para facilitar y agilizar la lucha contra la corrupción (como la creación de un cuerpo de peritos contables) y exigir la implantación de iniciativas que faciliten el trabajo judicial y protejan a las víctimas y a los menores y ayuden en la lucha contra la violencia de género, como la instalación de sistemas adecuados de videoconferencia, de salas especiales para la práctica de pruebas preconstituidas («cámara Gesell»), la implantación de la figura del coordinador parental en las crisis matrimoniales conflictivas, de los servicios de ruedas de reconocimiento, la necesidad de psicólogos suficientes, de trabajadores sociales en servicios de atención social en los juzgados de guardia y también hemos concluido la necesidad de la eliminación de los recortes retributivos de los jueces y la equiparación en materia de vacaciones y permisos con el resto de la función pública y la retribución de las sustituciones por jueces profesionales», señala el documento.

Es imprescindible revisar el sistema de recursos durante la instrucción de las causas, ya que retrasa las mismas en exceso. Finalmente cabe llamar la atención sobre el enorme retraso que generan los aforamientos en la tramitación de las causas, al margen de que se trata de un privilegio procesal de difícil justificación salvo casos muy excepcionales. Es una buena noticia que se haya abierto un debate público sobre esta cuestión, que cabe recordar pusieron de manifiesto por primera vez los jueces decanos de España hace ya varios años. Asimismo, es inaplazable la derogación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece plazos máximos de seis meses en la instrucción, dada la carencia de medios en los Juzgados, y que la duración depende de circunstancias ajenas».