DE LA LIQUIDACIÓN A VOX
Cómo hacer polvo el imperio del mármol
Víctor González Coelho de Portugal, vicepresidente de Vox, compró Marmolería Leonesa en 2008 y está condenado por sus chanchullos contables
Coelho, en una imagen de 2008 en León. NORBERTO
El impero marmolero de José Antonio Gutiérrez Ballesteros tenía una amplia implantación a nivel nacional, y sus piedras no sólo levantaban todos los centros comerciales de El Corte Inglés, sino que son las que se pisan en las plazas de San Marcos o la Catedral de León, así como en el Auditorio de Oviedo, el Centro Oceanográfico de Gijón o Parque Principado. Y así hasta 700 grandes clientes empresariales y privados, que hicieron de Marmolería Leonesa, Marmolería Asturleonesa y Mármoles Gutiérrez Ballesteros uno de los principales negocios del sector justo hasta el inicio de la crisis inmobiliaria. Un negocio familiar iniciado en los años 50 que no encontró el camino de la sucesión en sus hijos, y se entregó al que se anunciaba como un joven y prometedor directivo: Víctor Guido González Coelho de Portugal. Con el compromiso, decía entonces el vendedor, de mantener la plantilla y llevar a cabo las expectativas de ampliación del negocio.
La realidad fue que en menos de cinco años el negocio entró en liquidación y la plantilla vivió recortes de salario y expedientes de regulación hasta la extinción de la empresa. El declive inmobiliario es la causa alegada de las dificultades empresariales, pero las artimañas contables del joven presidente y consejero delegado están detrás de la desmembración del imperio marmolero.
Víctor González es hoy número tres del creciente partido ultraderechista Vox, encargado de las campañas de captación de recursos económicos y de la relación con los donantes «por sus excelentes conocimientos de economía y del mundo de la empresa», según señalan en la formación. Sin embargo, lo que tiene encima es una condena del Tribunal Supremo que ratifica la dictada en 2015 por la Audiencia Provincial de León, que le impide administrar bienes ajenos durante tres años, según desveló ayer El País. Detrás está la historia de la que fue una de las empresas señeras del panorama económico leonés.
En abril de 2008 el grupo Petrabor, del que era administrador único González, se hizo con el control de las tres empresas del grupo marmolero. A finales de 2010 ya se presentó un expediente de regulación de empleo que dejó en la mitad a la plantilla (unos 80 trabajadores) para hacer frente a una deuda que se cifraba en 1,4 millones de euros. En 2013 solicitó concurso de acreedores, y poco después entró en liquidación.
Petrabor, sociedad de carácter unipersonal, se dedicaba a la «fabricación, comercialización, compraventa, importación, exportación, extracción, aserrado, labrado y pulido de todo tipo de piedras». Coelho era también administrador solidario de las empresas Management Productive Resources, y Leadership Systems, que además del comercio de piedras se dedican a la construcción y explotación de bienes inmuebles, consultoría y asesoría para la internacionalización de empresas y gestión de instituciones sociosanitarias; y también a la explotación de inmuebles rústicos y urbanos, obras en viviendas y comercio de productos de farmacia, alimentación y cosmética.
Un nudo de actividades que en la práctica para León se saldó con el cierre de la histórica empresa. En enero de 2015 el Juzgado de lo Mercantil de León declaró a González culpable del concurso de acreedores de Marmolería Leonesa, y le condenó a una inhabilitación de tres años para administrar bienes ajenos. Cinco meses después la Audiencia Provincia rechazó su recurso y confirmó la condena. Lo mismo que hace ahora el Tribunal Supremo.
El argumento jurídico apunta a que el hoy dirigente de Vox realizó en 2009 una operación de conversión de créditos frente a su empresa Petrabor en participaciones para la ampliación de capital. Un crédito de 1,94 millones de euros, «claramente sobrevalorado», que supuso una pérdida contable de 1,4 millones para Marmolería Leonesa.
Irregularidades que además no se contabilizaron en las cuentas de la empresa leonesa, por lo que los tejemanejes contables impidieron analizar la situación real financiera y patrimonial de la marmolería. Que tampoco llevó a cabo obras previstas, que siguieron contabilizándose. Por lo que el Supremo ratifica la condena de inhabilitación al directivo.