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León

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Los cuatro denunciados por el fiscal jefe el pasado septiembre declararon durante más de siete horas cada uno desde el 8 al 13 de noviembre. En la última semana de enero respondieron ante la jueza como testigos el gerente del matadero, Miguel Rodríguez Silvano y los subcontratistas Antonio Echevarría y Rafael Agrassot. Este último es responsable de la empresa Mecanipol, que también se ha personado en el caso matadero. A instancias de esta compañía se citó al último, hasta el momento, testigo, el contable de la empresa Pedralbes (adjudicataria de la reforma del matadero). Desde entonces ha habido un parón de declaraciones. La jueza denegó al abogado de Jambrina que acudiera toda la Corporación de León a declarar, ya que las decisiones del ex concejal sobre la elección de la empresa constructora o pagos fueron adoptados en comisiones y plenos con los votos de los ediles, no a título particular. Sí ha aceptado en cambio la petición de nueva documentación solicitada por el fiscal y por Mecanipol sobre qué obras realizó De Prado en otros ayuntamientos, el libro de matrícula de personal de Pedralbes, su estado contable en los últimos cinco años y quién compró su sede, en un intento de acreditar la no solvencia de la constructora. Los abogados temen que la decisión sobre el archivo o el procesamiento de los denunciados aún se dilate por el parón de agosto.

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