Tasas o impuestos sobre los grandes
Uno de los mecanismos más habituales de las administraciones autonómicas para regular la actividad de las grandes superficies es el establecimiento de un impuesto o tasa que grave su superficie y su volumen de negocio. Cataluña, una de las autonomías más restrictivas en lo que a legislación sobre grandes superficies se refiere, instauró un impuesto que fue recurrido por el Gobierno central por considerar que invadía sus competencias. (Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el plan de equipamientos comerciales de esta comunidad, que estuvo en vigor entre septiembre de 1997 y abril del 2001, y que limitaba severamente la instalación de nuevas grandes superficies). En el caso de Castilla y León, al margen del Plan General de Equipamientos Comerciales, la Ley de Comercio (que establece una moratoria de un año para redactar un nuevo Plan General) establece nuevos conceptos sobre las grandes superficies. Hasta ahora se consideraba gran superficie a un establecimiento comercial de más de 2.500 metros cuadrados en capitales de provincia o poblaciones de más de 50.000 habitantes, y en el futuro lo serán todos aquellos que superen los 2.000 metros cuadrados. Con esta reducción, todos los establecimientos integrados en esta dimensión tendrán que solicitar la doble licencia (municipal y autonómica). Acuerdo político En lo que estuvieron de acuerdo el gobierno autonómico y la oposición fue en instaurar un gravamen a la actividad de estos centros comerciales. Será finalmente en forma de tasa (para evitar problemas legales como los catalanes), que se pagará una sola vez como tramitación de expediente por parte de las administraciones. El PSOE había propuesto que el dinero obtenido de estas tasas que gravan a las grandes superficies se destinara a modernizar el pequeño comercio. Con respecto a todas estas normas el Tribunal de Defensa de la Competencia concluye en su informe que «las restricciones a la libertad de establecimiento perjudican el auténtico sentido de la competencia, como es la garantía de libre acceso y salida de los mercados de forma libre y lealmente». Y considera barreras «todas aquellas dificultades y costes que desalientan la entrada de las empresas en un mercado».