Los casos judiciales se multiplican por cinco con la última Ley del Menor

El titular del Juzgado de Menores de León, Teodoro González Sandoval, explicó que el brutal crecimiento de los delitos protagonizados por menores desde que la nueva ley proteje sus derechos se explica en que ahora son juzgados jóvenes entre 16 y 18 años, franja de edad con altos índices de delincuencia. Descartó a este respecto que los datos estadísticos reflejen un incremento notable de menores conflictivos. El juez participó ayer en el curso sobre la responsabilidad penal de los menores organizado por la Policía Local de León para todos los efectivos policiales y otros colectivos profesionales relacionados con la delincuencia juvenil. González Sandoval abundó en este foro sobre figuras como la patria potestad y la tutela, y cómo los padres y tutores deben gestionar a los jóvenes y su patrimonio. También explicó el bloque normativo de derechos y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los menores. Teodoro González adelantó a este periódico los datos que serán incluidos en la memoria anual. Entre ellos se revela que el Juzgado de Menores ha dejado de ser un lugar «de paso» para ejercer un enorme control sobre las actuaciones delictivas de los menores de edad, muchas de ellas de enorme gravedad, como los delitos contra la libertad sexual de las mujeres o las agresiones físicas y amenazas que caracterizan el perfil tipo del delincuente en León. En estos casos judiciales, incluidos los más graves, las medidas adoptadas por el juez no han culminado con el internamiento de los menores en el centro de reforma Zambrana (Valladolid) nada más que en dos ocasiones. «No existe, por tanto, una proporcionalidad de una medida grave para un delito grave», explicó el juez. Las medidas más habituales pasan por la libertad vigilada con los familiares, los tratamientos terapéutico -habitualmente se hace en comunidades abiertas como Proyecto Hombre- y ambulatorio, la convivencia en un grupo educativo -centro Candeal, en Burgos-, la convivencia con otra familia y la amonestación o reprimenda del juez. En 1998, el número de casos judiciales de menores fue de 148. Un año más tarde se abrieron 168 expedientes, y un año después, 155. A partir de entonces se complicó la actividad en este juzgado, que sigue contando con los cinco trabajadores que tenía hace cuatro años: juez, secretario, auxiliar, oficial, auxiliar y agente. El nuevo informe del Defensor del Pueblo recoge que el trabajo en este juzgado de León ha crecido en general un 66%.