La opacidad de las administraciones eleva las protestas a Transparencia

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, recibió el pasado año un total de 794 reclamaciones por la falta de información proporcionada por las administraciones, lo que supone 298 reclamaciones más que en 2021. Y según precisa la institución del Procurador del Común, con Tomás Quintana al frente, el 82% de las reclamaciones tuvieron su origen en la falta de acceso a la información de entidades locales y diputaciones y casi el 18% fueron reclamaciones frente a la Administración autonómica.

Esto supone que la Comisión de Transparencia de Castilla y León «ha visto incrementado notablemente» su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones autonómica y local y de otras entidades de carácter público, constata el Procurador del Común, Tomás Quintana, tras constatar que en el séptimo año de la Comisión de Transparencia se superó el número de actuaciones.

Del total de reclamaciones recibidas, 585 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales, lo que supone casi tres de cada cuatro de las presentadas. Y, de ellas, 518 se presentaron frente a ayuntamientos, 39 frente a entidades locales menores, 22 frente a diputaciones provinciales y tres frente a mancomunidades; 137 reclamaciones fueron presentadas frente alguna de las consejerías de la Administración autonómica.

Y 681 reclamaciones se fundamentaban en la ausencia de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 85% de las presentadas, 113 reclamaciones lo fueron frente a denegaciones expresas de información, denegaciones que se basaban principalmente en algunos de los siguientes motivos: la protección de datos personales; que la información se encontraba en curso de elaboración o había sido objeto de publicación; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada y que la entidad a la que se dirigía la petición no disponía de la información pedida.

Al igual que en años anteriores, el tipo de información solicitada por los ciudadanos cuya denegación ha motivado las reclamaciones es «muy diverso» si bien las cinco materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas a protección del medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación y actuaciones de carácter urbanístico.

En 2022, la Comisión de Transparencia adoptó 262 resoluciones, dos más de las emitidas en 2021. En 154 de ellas se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada, de las que 138 resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, 15 se formularon a la Administración autonómica y una a un colegio profesional.