Como en 2015 en los urbanizables

La propuesta sigue la senda que ya se tomó en 2015 con los «urbanizables». La reforma de la Ley del Catastro hizo que estos suelos, también sin desarrollar ni poder construir de manera inmediata sin la aprobación de instrumentos de ordenación detallada, pero un paso por detrás en la escala de la catalogación urbanística al necesitar antes un plan parcial y no sólo un estudio detalle, pasaron a considerarse rústico a efectos fiscales. La medida afectó a 2.503 parcelas en León y ocasionó una merma en los ingresos municipales de 382.250 euros anuales, después de que se les aplicara un descuento en los recibos a los titulares de una media del 82% como reclama el Procurador del Común. La institución afea además al Ayuntamiento de León la «anomalía» de no haber «dado respuesta, independientemente del sentido de la misma, al escrito de los propietarios» que luego solicitaron su amparo.