Locura en las asesorías para 'adivinar' las 170.000 nóminas de enero en León

Una «situación dantesca», en la que la inseguridad y la desinformación sobre cómo actuar ha sumido la caida del decreto ómnibus (rechazado la pasada semana en el Congreso y que recogía la actualización de las medidas fiscales que afectan a los salarios, entre otros capítulos) a las asesorías, despachos y empresas. Todos los sistemas informáticos y los cálculos para elaborar las 170.000 nóminas que este mes de enero cobran en León los asalariados han quedado atrapadas en la incertidumbre: aplicar los cambios anunciados, que en buena lógica deberán entrar en vigor en breve (ayer mismo lo anunció el presidente del Gobierno) o ceñirse a lo que la legislación marca de momento, la aplicación de los criterios del año pasado.

La situación implica, de momento, una sobrecarga burocrática enorme para despachos y empresarios en la provincia, que no sólo deben decidir qué criterio aplicar y rehacerlo en pocas semanas, sino que han de recalcular las retenciones, deducciones,... Una «situación dantesca», según denuncia el secretario general adjunto de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Enrique Suárez, que una vez más vuelca en las asesorías la «continua falta de criterio del legislador, que da un paso adelante y cuatro atrás».

«No vale con echar abajo una norma y ahora decir que se aprueba. En el camino está todo un entramado de actualizaciones, sistemas de software, clientes, profesionales,... Todo cambio lleva un tiempo, y esta incertidumbre nos obliga a hacer recálculos y adaptaciones que multiplican el trabajo», lamenta Mónica Martínez, presidenta de la Asociación Leonesa de Oficinas y Despachos (Alod). Que recuerda que «las nóminas han de realizarse con días de anticipación, no pueden cambiarse en el último momento».

Sin instrucciones oficiales sobre cómo afrontar el decaimiento de las actualizaciones normativas tras el varapalo al Gobierno la pasada semana (más allá de la orden de Trabajo sobre el Salario Mínimo Interprofesional, SMI), cada empresa o asesoría ha elegido un criterio que aplicar. O seguir adelante con las actualizaciones que más pronto que tarde se aprobarán, que aunque no estén en vigor este mes ya están implementadas en todos los sistemas informáticos de cálculo para realizar los trámites de este principio de año, o retrotraerse a la normativa en vigor, la del año pasado, para actualizarla después con efectos retroactivos.

En ese limbo legislativo se mueve por ejemplo la «cuota de solidaridad», la actualización de la base máxima de cotización en los salarios más altos para contribuir al sostenimiento del sistema público de pensiones, y que debe aplicarse sobre los más de 7.000 leoneses que cobran más de 56.000 euros anuales. El mismo lugar donde se encuentra la actualización del Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional, con el mismo objetivo y que establece un incremento gradual de la contribución.

«No sólo se trata del incremento de la carga burocrática para las empresas, es que se incide en la incertidumbre y la desconfianza sobre el mercado laboral. Y eso frena las decisiones de inversión de las empresas, y lastra la competitividad del tejido productivo», incide Suárez.

«Las nóminas están ya enviadas a los clientes, no podemos esperar a los últimos días de mes para hacer todas las gestiones, Y los sistemas informáticos se habían actualizado con la normativa que tenía que entrar en vigor. Trabajamos varias veces para hacer una sola gestión, y todo en medio de la incertidumbre. Es muy complicado», advierte Mónica Martínez.