León, epicentro del intento judicial de guardias civiles para "recuperar la dignidad y la credibilidad"
Representantes de Jucil en los juzgados de León.
La ciudad de León se convierte esta semana en el escenario clave del conflicto que atraviesa la asociación profesional de guardias civiles Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la agrupación con mayor representación en el Consejo de la Guardia Civil.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de León, ciudad donde está inscrita esta asociación, citaba a declarar este jueves al secretario general de la asociación, tras la reclamación presentada por varios socios y exresponsables provinciales que denuncian haber sido presionados y a los que han abierto expedientes disciplinarios de forma irregular y sin fundamento estatutario.
Según la denuncia, los demandantes fueron privados de participar en la Asamblea extraordinaria celebrada en Madrid el pasado 10 de marzo, en la que se abordaron cuestiones de gran calado sobre el futuro de la asociación. La decisión, afirman, se produce sin haber resuelto los expedientes disciplinarios y sin que existiera causa objetiva recogida en los estatutos de Jucil, vulnerando derechos fundamentales de los asociados.
"Esta acción judicial está promovida por la plataforma Regeneremos Jucil, un movimiento nacido dentro de la asociación ante lo que consideran como una preocupante deriva autoritaria del actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN). La plataforma agrupa a afiliados que han expresado públicamente su rechazo a la opacidad en la gestión, a las reformas estatutarias restrictivas y a la marginación de voces críticas en el seno de la organización", explican.
Daño reputacional
Regeneremos Jucil ha advertido en repetidas ocasiones que "la actual dirección pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de la organización, fundada sobre principios de participación democrática y defensa de los derechos profesionales de los guardias civiles".
Según ellos, la exclusión de socios, el control interno del poder de decisión y la falta de rendición de cuentas han sido algunas de las denuncias reiteradas por esta corriente interna.
"A este proceso se suma la denuncia penal interpuesta el pasado 10 de febrero en León, en la que se acusa al secretario general de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. El uso de fondos de la asociación, según esta denuncia, se habría realizado sin el debido control ni justificación", explican.
La denuncia, según aseguran, recoge numerosas irregularidades en la gestión económica, entre ellas:
• Uso de la tarjeta corporativa de Jucil para cubrir gastos personales, incluyendo alojamiento en
hoteles, restaurantes y compras en comercios no relacionados con la actividad de la asociación.
• Manipulación de los registros contables para justificar gastos personales como reuniones de trabajo.
• Duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación en la actividad de la organización.
• Omisión de ciertos gastos en los informes contables oficiales, impidiendo su correcta fiscalización.
Surgida de la lucha por la equiparación salarial Jucil nace en 2018 como una prolongación del movimiento Jusapol (Justicia Salarial Policial), surgido a finales de 2017, que reunió a guardias civiles y policías nacionales con un objetivo común: la equiparación salarial y de condiciones laborales con las policías autonómicas, especialmente los Mossos d'Esquadra.
"La fractura interna que afronta la organización no solo pone en cuestión su modelo de gobernanza, sino también la continuidad de un proyecto que ha logrado representar con firmeza a miles de servidores públicos. Las próximas decisiones judiciales serán claves para definir el rumbo de la asociación más influyente del Instituto Armado", señalan desde Jucil.