Suárez-Quiñones: «La mejor política contra la despoblación es dotar suelo industrial y traer empresas»

Las obras de la Red de Calor de Puente Castro comenzarán a finales de año, para «colocar a León en una categoría energética que tienen pocas ciudades». El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha apostado por la sociedad pública Somacyl y la herramienta de los Proyectos Regionales de Ámbito Territorial como instrumento para agilizar la burocaria, y eso «atrae a las empresas a Castilla y León».

- En qué punto está el proyecto de la Red de Calor de Puente Castro y las plantas de generación.

-Esta actuación es compleja y grande, será una de las más relevantes redes de calor de España y alimentará a toda la ciudad, 28.000 viviendas y muchos edificios terciarios. Busca estabilidad en los precios y ahorro con combustible renovable, porque se alimenta de biomasa, biogás obtenido de residuos urbanos y una bomba de calor alimentada por fotovoltaica. Ahora están todos los proyectos terminados y es la hora de las licitaciones. En julio salen las obras de urbanización, acceso, salida a la red y una pasarela que atraviesa el río, por 6,3 millones de euros; la primera fase de la red de tuberías en julio, 17 millones, y la central de biomasa en agosto, 30 millones más IVA de presupuesto. Luego vendrán la planta fotovoltaica y la segunda y tercera fase de la red de tuberías.

Es un proyecto de economía circular, sostenibilidad y limpieza ambiental considerable.

-¿Qué obras implicará en la ciudad y qué plazos manejan para llevarlas a cabo?

-La primera fase de la red se adjudica en julio, y desde final de año comenzarán las obras, que implican levantar las calles principales dejando sólo un carril en uso. Es una ejecución rápida, pretendemos que no esté toda la ciudad levantada; y para eso nos hemos coordinado con el Ayuntamiento de León. Se trata de hacerlo de la forma menos perjudicial, teniendo en cuenta eventos como la Semana Santa. Preferimos que tarde un poco más pero se haga con las mínimas molestias, aunque los ciudadanos tienen que ser conscientes de que habrá alguna. El resultado final será importante, es colocar a León en una categoría energética que tienen pocas ciudades de España.

«En breve llegará otra gran compañía a Villadangos, con su centro logístico para el noroeste»

-Ha defendido numerosas veces una discriminación positiva mundo rural, ¿tiene algún proyecto nuevo en este campo?

-El trabajo a favor del medio rural es esencial. Acabamos de celebrar el congreso de despoblación y dinamización territorial y demográfica. Las políticas de la Junta en este sentido son numerosas, no sólo tratan de mantener servicios públicos de calidad. En Castilla y León tenemos una sanidad, dependencia y educación entre las más destacadas del mundo. Eso supone una red de 183 centros rurales asociados en educación, tener escuelas públicas con tres niños en determinados núcleos rurales, 247 infraestructuras médicas de los cuales una parte muy relevante están en el medio rural, 3.600 consultorios con menos de 50 cartillas; incluso 450 con menos de 10 cartillas, con las dificultades que tenemos para que haya médicos que los atiendan. En la vivienda hay una clara discriminación positiva, a los jóvenes que alquilen una vivienda en Castilla y León la Junta les paga tres cuartas partes de la renta; construimos viviendas en el medio rural y les descontamos el 20% del precio. Les damos avales para que accedan a las hipotecas, también en las ciudades; rehabilitamos a través de Rehabitare. E impulsamos la mejor política contra la despoblación, que es dotar de industria, hacer suelo industrial para albergar nuevas empresas que den empleo. En León tenemos el Parque Tecnológico a punto de empezar las obras de ampliación para duplicar su superficie, que ya han terminado las expropiaciones, con un nuevo edificio de servicios muy relevante. En Villadangos estamos creando 183 hectáreas más de suelo industrial, la primera fase ya terminada, la segunda acabará en verano. No tardaremos en anunciar la llegada de una nueva gran empresa que se instala; en El Bayo igual, ampliación con 20 millones de euros y nuevos accesos y una nueva depuradora, que se licita este lunes 2 de junio. Ha habido problemas con la Confederación Miño-Sil y no hemos querido esperar, las diferencias administrativas no pueden frenar la llegada de inversiones empresariales. También dará servicio al polígono de Cabañas Raras. A mayores buscamos suelo en nuevas ubicaciones fuera de la capital, que dan empleo a toda la provincia y al medio rural.

-En el caso del Parque Tecnológico, ¿qué tipo de empresas se están interesando por instalarse en la ampliación, seguirá potenciando el sector biofarmacéutico?

-El Parque Tecnológico es en principio suelo neutro, pero está claro que la atracción es sobre todo de empresas biotecnológicas, farmacéuticas, tecnológicas, veterinarias,… Son empresas muy potentes, con expertos jóvenes de 15 nacionalidades distintas que viven en León. Buscamos también nuevas formas de generación de energía que sea de interés para atraer y que se instalen empresas de este sector. A parte de dotar el suelo, vamos a reforzarlo con estas infraestructuras para especializarlo. Igual que Villadangos está teniendo una especialización logística.

_En el caso de Villadangos, con la gran obra del ramal ya en servicio, ¿hay a la vista nuevos proyectos logísticos de gran calado?

-Tenemos el 78% del suelo reservado, las empresas ya ultiman sus proyectos para instalarse allí. Nunca decimos qué empresas son, aunque en breve anunciaremos la llegada de otra gran compañía que instalará en Villadangos su centro logístico para todo el noroeste. Se sumará a las que ya están. Son instalaciones que implican cientos de empleos, y es muy relevante para la provincia.

«La Red de Calor tendrá una ejecución rápida, intentamos que con la menor molestia a los ciudadanos»

-¿Sigue la apuesta de este sector en Villadangos?

-En ese polígono hay una gran empresa del ámbito farmacéutico que está instalándose. Por su parte Network Steel tiene proyectada la ampliación, es una empresa metálica de alto nivel; también Latem Aluminium. Es un polígono que da cabida a todo tipo de empresas.

-Precisamente las compañías del sector del acero están teniendo dificultades en consolidar sus proyectos en Villadangos, ¿comprometen su futuro en el polígono?

-La inestabilidad internacional, las guerras de aranceles y las anteriores, someten a las empresas a dificultades. Pero todas ellas tienen planes de contingencia para superarlas, encontrarán la salida y mantendrán sus proyectos de expansión en León. Pasa igual en El Bierzo con Tvitec. Son avatares ordinarios en empresas en un mercado globalizado sometido a presiones, pero tienen mucho músculo y sus proyectos de ampliación saldrán adelante.

-¿La falta de Presupuestos Generales del Estado en los últimos ejercicios está lastrando la capacidad de inversión de la Junta de Castillla y León?

-El problema es la falta de interés del Estado por León. En los últimos, hace dos años, la inversión del Estado en la provincia se reducía un 11%, y por tanto la prórroga presupuestaria sigue lastrando la inversión del Estado a nivel provincial. Llevamos siete años de Gobierno de Pedro Sánchez y seguimos esperando inversiones muy importantes, como la A-76, la A-60, la segunda fase del Parador de San Marcos, el Teatro Emperador, los nuevos accesos a Ponferrada, el cierre de la ronda de León, el Corredor Atlántico,… Grandísimas inversiones que tenían que haber aprovechado los fondos europeos y se está pasando el arroz, ya no podrá ser. Y había miles de millones, por ejemplo para los corredores de transporte ferroviario, pero vincularon la inversión en el eje mediterráneo y no en el del noroeste, en el nuestro. Por eso la prórroga de los presupuestos generales es una muy mala noticia para León. Al revés, los últimos presupuestos de la Junta tenían un importante incremento de inversión en León, y los prorrogados implican que la Junta sí invierte. No estamos hablando de lo mismo en los dos casos. El último de la Junta fue el año pasado, y con un importante incremento de inversión en León.

«Hemos hecho un cambio de normativa para que las empresas privadas vuelvan a construir vivienda pública»

-Los fondos Next Generation suponían una oportunidad histórica de inversión, ¿han llegado a León o la falta de presupuestos y previsión impiden que se aprovechen?

-Creo que se están aprovechando, y hablo de la Junta, mi opinión sobre el Estado es distinta. Mi consejería los está aprovechando para medidas de eficiencia energética en edificios de vecinos, con ayudas por más de 160 millones de euros; construcción de viviendas, infraestructuras municipales,… Los aprovechamos a pesar de la dificultad que supone que esta financiación europea venga vía Gobierno de España, que se ha reservado fondos que luego no ha utilizado, y cuando se acaba el plazo se trasladas a las autonomías. Y lo hace además con una tramitación que dificulta muchísimo el acceso a estas ayudas, una burocracia enorme impuesta, que impide una llegada ágil de los fondos.

-¿Cómo ve su futuro político, seguirá ligado a la Junta, o está en su horizonte encabezar un proyecto de gestión por ejemplo al frente del Ayuntamiento de León?

-A la última cuestión ya le digo que no. Al resto, como dice José Antonio Cabañeros, de los tiempos el presente. Siempre he hecho aquello que ha llegado sin yo buscar nada, y cuando acometo una misión ni miro para atrás ni para delante. Tengo mi profesión, mi carrera judicial a la que puedo volver cuando quiera, y por lo tanto no tengo aspiración de nada. Ahora estoy ilusionado con mi labor en el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que es reformista, que resuelve los problemas de los ciudadanos y está teniendo una actividad frenética en todos los frentes: infraestructuras, servicios públicos, lucha contra la despoblación, impulso industrial. Tenemos unas cifras económicas muy importantes, con un crecimiento el año pasado del 3,5% en Castilla y León, y un nivel de paro de algo más del 8%,… Es un gobierno que trabaja por la realidad de los problemas de los ciudadanos, frente al gobierno de España, que es la casa de los líos, no gestiona y dificulta la gestión a otros territorios que no sean Cataluña, País Vasco o allí de donde dependen los votos para su mantenimiento.

-El apartado de vivienda es uno de los que más ocupa su consejería. Esta semana han rechazado la propuesta del PSOE en las Cortes con el argumento de que “la vivienda en Castilla y León no tiene problemas, y la oferta y los precios son razonables”. ¿Cuál es entonces el objetivo de su amplio paquete de políticas en el sector?

-Lo que se rechazó es una reforma muy limitada de dos artículos de la actual Ley de Vivienda de Castilla y León, no una propuesta global de vivienda. En la Comunidad el problema no es como en otros territorios, en los que el Gobierno arbitra soluciones que lo empeoran. No tenemos falta de seguridad jurídica en la vivienda, la okupación es anecdótica. Tampoco son problema las subidas de los precios, y entendemos que las medidas de limitación de los alquileres lo que hacen es sacar a los pisos del mercado. Nosotros lo que hacemos es una política de incentivación, seguridad jurídica y fomento. Pagamos ayudas al alquiler a todos los que cumplen los requisitos, con 45 millones en ayudas a los jóvenes, al medio rural, a las personas con dificultades,… Es cierto que en algunos lugares el mercado del alquiler tiene problemas, y para eso estamos nosotros.

«León tendrá un helicóptero de rescate y El Bierzo contará con otro de emergencias médicas»

-El Gobierno sí acaba de adelantar una normativa de vivienda con medidas generales, algunas pueden afectar a León, como gravar a las viviendas vacías, porque hay un parque de secundarias muy importante. ¿Eso dificulta las políticas de la junta, hay una falta de conexión de las medidas?

-La falta de conexión es total, la política de vivienda es, según la Constitución, competencia de las autonomías. El Gobierno está abusando de una competencia genérica de intervenir en la actividad económica, y el Constitucional ya le ha dicho que no tiene esas competencias. La nueva norma lo que hace, como la anterior, es asustar, confiscar, amedrentar, limitar. Es un mercado sensible y que exige seguridad jurídica y tranquilidad, pero le pone trabas. Y todo lo que dé miedo al propietario y suene a intervención retrae el mercado y produce lo que está pasando en Cataluña con el intervencionismo. La nueva ley suena a lo mismo, está descoordinada, nadie nos ha consultado; y es negativa para solucionar el problema, lo empeora.

-Han puesto en marcha muchas medidas, pero desde la crisis inmobiliaria la vivienda protegida sufrió un frenazo del que no se ha recuperado. ¿Tiene en sus planes recuperar la promoción, a pesar del difícil momento del sector de la construcción?

-Estamos haciendo vivienda pública protegida, utilizamos suelos cedidos por los ayuntamientos. Como en León, con las viviendas de ‘cohousing’ en la Universidad para alquiler asequible a cien jóvenes; otras 31 viviendas en La Serna, que vamos a vender a jóvenes con un descuento del 20%. Lo que hemos hecho es cambiar la normativa para facilitar la promoción privada de vivienda, incluso incrementado el módulo económico de esas viviendas, no era lógico que al constructor le costara más edificar que en lo que podía venderlo; las empresas tienen que tener rentabilidad económica. Con ello queremos incentivar que las empresas privadas vuelvan a construir vivienda protegida.

-Somacyl se ha convertido en la herramienta de su consejería para agilizar las inversiones, ¿qué ventajas tiene?

-Es una herramienta fundamental, una empresa pública que actúa a requerimiento de todas las consejerías y los ayuntamientos y diputaciones, que pueden tener acciones de la sociedad y utilizarla. Somacyl es pública pero funciona en un régimen mucho más ágil que la contratación en la administración, y por tanto permite más rapidez en la contratación y ejecución; y tiene la flexibilidad de dar respuesta rápida. Está siendo una gran oportunidad. Muchos de los proyectos que llevamos a cabo, como depuración de aguas en el medio rural, vivienda, polígonos,… si hubiera que llevarlos a un esquema de tramitación por una administración estaríamos mucho más retrasados. Es un organismo muy eficiente.

-Durante su gestión se ha multiplicado también la declaración de proyectos regionales, ¿qué aportan?

-Eficacia. Un proyecto regional de ámbito territorial es un instrumento previsto pero que se utilizaba relativamente poco, y que es muy útil. Cuando hay que realizar una actuación que afecta a varias administraciones e implica cambios en la normativa de los ayuntamientos se retrasaba mucho. Los proyectos tardaban años en salir adelante. Ahora en ocho meses la Junta asume las competencias urbanísticas de los ayuntamientos y la tramitación ambiental, y eso es bueno para la administración, que es más eficaz, y para las empresas, que eligen esta Comunidad porque si sus iniciativas son interesantes se ponen en marcha en pocos meses. Y eso es un elemento de competitividad muy importante, que está siendo muy reconocido.

-En otro ámbito, uno de sus grandes dolores de cabeza en este mandato ha sido el lobo. ¿Qué actuaciones planifica tras el cambio de estatuto jurídico de la especie?

-El lobo es un ejemplo de que la tenacidad, la unidad y tener razón son elementos muy tozudos. Esto empezó en 2021, cuando el Gobierno de España cambió la normativa autonómica en Castilla y León, que estaba funcionando con un equilibrio razonable entre la conservación de la especie y la ganadería. El Gobierno decidió impedir que el lobo se gestionase, y eso sumió a Castilla y León y su ganadería en un problema enorme. El año pasado 6.000 animales murieron en las fauces del lobo. Nosotros empezamos en 2021 con esa bandera, con Asturias, Cantabria y Galicia que se unieron inmediatamente. Lo llevamos a Europa, al principio nos miraban extrañados. Poco a poco nuestro discurso fue anidando, hicimos presión con ‘lobbies’ europeos, y al final conseguimos algo que era impensable hace cuatro años, que Europa reconociera que teníamos razón, que hay que flexibilizar el régimen para que las regiones gestionen al lobo. Ahora falta un último pequeño trámite para conseguir que se publique esa modificación. Eso nos va a permitir recuperar la capacidad de gestionar al norte, y también al sur, que no la teníamos desde el año 92. Se abre una gran oportunidad, es bueno porque seguiremos conservando el lobo, que es lo que ha hecho la Junta a través de los planes de gestión que permitían controles selectivos donde había daños excesivos a la ganadería. Ahora hay que recuperar ese equilibrio.

-¿Cómo va a recuperar la Junta ese control de las poblaciones?

-Sólo faltan dos cosas: el cambio y publicación de esa directiva, en pocas semanas, y que el Gobierno de España remita a Europa el informe sobre el estado de conservación de la especie, que elabora cada seis años. En el de 2019 le dijo a Europa que la situación era desfavorable, y no era cierto. Fue un informe erróneo, no lo vamos a calificar de mentiroso, y se demostró en todos los censos hechos por las autonomías. Antes del 31 de julio el Gobierno tiene que emitir ese informe, que le hemos impuesto que sea aprobado antes por las autonomías. Con eso ya tenemos las manos libres para volver a gestionar. Después buscaremos las zonas donde hay daños acusados a la ganadería y haremos una extracción de ejemplares para aquilatar los daños manteniendo el estado de conservación de la especie. Es decir, el equilibrio.

-Otro de los campos de actuación importantes de la consejería es la organización del dispositivo contra incendios, que siempre tiene un componente de conflicto laboral con los agentes y en el que se han introducido mejoras. ¿Qué nuevas iniciativas tiene previstas?

-El dispositivo venía mejorando en estos últimos años, tras la crisis económica, pero en 2022 se registró un año excepcionalmente adverso en lo climatológico y nos llenó de incendios gravísimos. Desde entonces hemos hecho un cambio total, llegamos un acuerdo de diálogo social y hemos duplicado el presupuesto, pasamos de 65 a 130 millones de euros de inversión. Y a mayores en estos años hemos hecho inversiones muy importantes apoyadas en fondos europeos, en torno a 140 millones cada año para mejorar medios materiales, infraestructuras, a los agentes medioambientales,… El Centro del Fuego ha triplicado personal y se ha dotado de competencias para la investigación de los incendios. Es un operativo nuevo, potente, que va a tener dificultades porque la extinción de incendios es así, pero vamos a dar una respuesta con mucha más garantía, coordinada entre autonomías, con las cámaras cuya red se va a ampliar en León. Va mejorando la situación, y la concienciación ciudadana también en los incendios intencionados.

-Las dotaciones en los servicios de emergencia también se están reforzando.

-Estamos mejorando de forma importante, la Dana en Valencia nos ha hecho concienciarnos de tener mayor capacidad de respuesta. El presidente anunció medidas encaminadas a incrementar el personal del Centro de Coordinación de Emergencias, que ya no estará sólo en Valladolid 24 horas, sino que va a trasladarse a las provincias. Se les dotará de equipos Apolo, vehículos para una intervención rápida. Vamos a mejorar las infraestructuras a nivel general y en las provincias. Y también a dotar un segundo helicóptero de rescate, hay uno en Valladolid y vamos a poner otro en León, que dará servicio al norte de la Comunidad. Estará estacionado en la base de Sahechores, y compartirá con Riello dependiendo de las circunstancias. Va a favorecer la rapidez de los rescates, buena parte de los cuales se produce en la montaña de León. Esperamos que a final de año ya esté estacionado y con su dotación: piloto, operador de grúa, técnico, sanitario,… La Consejería de Sanidad va a poner también un segundo helicóptero de emergencias médicas en El Bierzo, con lo cual vamos a disponer de una importante dotación de rescate y atención sanitaria aérea en la provincia.