Jueces y fiscales leoneses protestan contra la politización del acceso a la carrera judicial
Vox se suma al acto con presencia de un grupo de simpatizantes al grito de "¡Sánchez, dimisión!"
Un momento de la concentración de magistrados, jueces y fiscales, a la que en León se ha sumado Vox.
Medio centenar de magistrados, jueces y fiscales de León se han concentrado esta mañana a las puertas de los juzgados de la capital para protestar por la politización del acceso a la carrera judicial que pretende imponer desde su punto de vista el Ejecutivo. Al acto se han unido también algunos abogados y representantes de Vox como la letrada Blanca Herreros o el procurador Pablo Juan Calvo Liste, además de una decena de simpatizantes de la filosofía conservadora, que con cacerolas han gritado "¡Sánchez, dimisión¡". Uno de ellos incluso se ha sumado a la rueda de prensa de forma espontánea y ha realizado una pregunta en torno al papel de los medios de comunicación en la justicia.
El paro de diez minutos ha finalizado con la lectura de un manifiesto al que han puesto voz el fiscal Luis Antúnez y la magistrada de Adscripción Territorial Irene Roa.
Ambos han explicado los dos motivos fundamentales de la protesta contra las novedades que sugiere el Gobierno. "Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", dijeron.
"Así mismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".
Se usa para ello una excusa que los profesionales entienden falsa que es la del criterio europeo "para modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello ".
El segundo motivo es la pretensión de "aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Una reflexión final: " La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país".