Montserrat y Triana, las asesinas de Isabel Carrasco, deciden su cuarto cambio de cárcel para ir a una prisión cerca de Madrid
Villabona tampoco hace caso a sus propuestas para acogerse a los permisos de salida
Montserrat González sí que dispuso d eun permiso puntual para acudir a una clínica dental en la capital leonesa.
Montserrat, González y Triana Martínez, las dos principales implicadas en el asesinato Isabel Carrasco en mayo de 2014, sopesan la posibilidad de solicitar un cambio de prisión y trasladarse a Madrid, a la vista de la nula efectividad de sus últimas medidas encaminadas a solicitar la concesión de beneficios penitenciarios en Villabona (Asturias). La madre se encuentra a punto de alcanzar el 50 % de la condena, de 22 años de prisión, y la hija ya ha superado ese límite. Tiene una pena d 20 años. Ninguna de las dos ha dispuesto de permiso alguno por el momento.
La prisión asturiana es la tercera en la que se encuentran recluidas las dos autoras de la muerte a tiros de Isabel Carrasco, el pasado 12 de mayo de 2014, en uno de los puentes sobre el Bernesga de la capital.
Ingresadas inicialmente en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, su nula adaptación a la vida carcelaria provocó la aplicación de una decena de expedientes, fundamentalmente basados en cuestiones de disciplina y quebrantamiento de las normas penitenciarias.
Por ese motivo, se decretó su traslado a Villanubla, el Centro Penitenciario de Valladolid. Fue en junio de 2016. Allí las expectativas que se habían creado no se cumplieron en absoluto, y la adaptación a las condiciones de su nuevo modus vivendi se mantuvieron en las mismas conductas: enfrentamientos con el personal, poca empatía con el resto de personal recluso y reiteración de incidentes disciplinarios fueron la constante en la prisión castellana.
Criterios contrapuestos
Dos años después, en octubre de 2018, se decretó su traslado a la prisión de Asturias, por idénticos motivos que en los anteriores cambios. Según el nuevo abogado contratado por las condenadas, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Asturias sí ha mostrado un criterio favorable de la concesión de los permisos, pero la jueza de vigilancia penitenciaria los ha rechazado de forma sistemática, alegando que no es procedente facilitarles esa dispensa.
Ni siquiera la redacción de una carta de público arrepentimiento en la que mostraban su pesar y expresaban su nueva filosofía —de acuerdo a la cual la violencia no cabe en ningún tipo de comportamiento-, ha servido para cambiar la tónica de las decisiones judiciales referentes a las dos condenadas, que ahora de puertas para adentro insisten en la existencia de una mano negra de carácter político que presiona en contra de la concesión de los permisos o de los beneficios penitenciarios que solicitan.
Las penas se extinguen el 12 de mayo de 2036 para Montserrat y del 2034 para Triana.
La jueza de Vigilancia Penitenciaria cree que todavía hay riesgo de fuga
La jueza de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo entiende que concurre el riesgo de fuga y rechaza la posibilidad de otorgar el beneplácito a las reas por este motivo, puesto que el arraigo que justificaba su presencia en Asturias ha desaparecido con el fallecimiento de Pablo Martínez, el marido de la autora material del asesinato y padre de la joven.
«Todos estos años de condena que hemos venido padeciendo han producido una reflexión profunda y sosegada», afirmaban madre e hija en la última carta pública, en la que también aseguraban que la violencia «no debe ser nunca el medio de dirimir controversias de ningún tipo».
En el escrito de arrepentimiento aseveraban además que estaban en contra de «cualquier clase de acción que no sea pacífica» y recalcaron ser «conscientes del dolor causado».
A este respecto mostraban en el escrito su «más absoluta convicción y promesa» de que su comportamiento «nunca jamás será doloroso para terceras personas».
Por último en la carta aseguraban que «como consecuencia de ese arrepentimiento se abonaron íntegramente las responsabilidades civiles».
«Hoy en día nos seguimos poniendo a disposición de los perjudicados para cuanto pudieran necesitar», decían en la misiva. No sirvió de nada porque la magistrada no atendió a sus peticiones y descartó en enero de este año la posibilidad de acogerlas a la política de beneficios penitenciarios.
Madre e hija decidieron poner fin a la vinculación que mantenían con José Ramón García, el abogado que ejerció su defensa durante el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial en enero y febrero de 2016.
Monserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque la había tomado con su hija, a la que había echado de la Diputación —tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones— y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.
«Era su vida o la de mi hija», afirmó rotunda y retadora en el juicio, en el que no mostró ningún signo de arrepentimiento, una actitud que contrastó con ese escrito en el que mostraban sus disculpas el pasado invierno. Madre e hija fueron condenadas al ser consideradas culpables por el jurado.