El Noroeste une fuerzas y recurrirá al unísono la supresión de los peajes
El expresidente Zapatero se une ahora a la petición de un «acercamiento» sobre el Huerna. El Gobierno se niega: «Tendría unas consecuencias millonarias»
Peaje de la AP-66 en La Magdalena.
Los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León trabajarán de forma coordinada para solicitar al Ministerio de Transportes la supresión de los peajes de la AP-66 y AP-9, cuyas prórrogas fueron ilegales de acuerdo a un reciente dictamen de la Comisión Europea. Una postura a la que ayer se sumó el expresidente del Gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, que abogó por un acercamiento de posturas entre el departamento de Óscar Puente y los gobiernos autonómicos.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, avanzó anteayer, en una entrevista en la TPA, que a partir de ahora las comunicaciones con el Ministerio de Transportes, «en la medida de lo posible, van a ser coordinadas» entre las tres comunidades autónomas.
La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que le llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9, en Galicia, y AP-66, que una Asturias y León, porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública.
España extendió en el año 2000 las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos, de acuerdo al dictamen de la Comisión Europea.
RECURSO DEL MINISTERIO
El Ministerio de Transportes presentó a mediados del pasado mes de septiembre un recurso frente al procedimiento de infracción, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, advirtió hace unos días de que el rescate o la modificación de la concesión de un peaje de autopista tiene «unas implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias».
El consejero asturiano avanzó que las actuaciones en torno a este asunto serán a partir de ahora «coordinadas» con Galicia «por razones análogas» y con Castilla y León porque es la otra comunidad por la que pasa la AP-66, «en primer lugar para solicitar información adicional sobre el expediente», según manifestó.
Calvo admitió que hay un «desacuerdo político» con el Gobierno de España en torno a la supresión del peaje, si bien subrayó que el Principado está «peleando políticamente» para lograr su supresión porque «hay razones legales y jurídicas de peso».
El consejero restó importancia a las críticas vertidas desde el ministerio en las que se advertía de que la postura del consejero suponía desviar la atención y favorecer «el discurso ventajista, cínico y mentiroso» del PP.
El titular de Movilidad aseguró que ese mensaje al que no va a «dedicar ni un minuto» forma parte del «juego mediático», y remarcó que el del peaje del Huerna es «un debate claro y transparente sobre el que se puede debatir sin mensajes anónimos». A este respecto, dijo que no cree que esas declaraciones fueran del ministro, Óscar Puente, que conoce que el Gobierno del Principado y la FSA-PSOE siempre ha apostado por la supresión del peaje del Huerna y señaló la responsabilidad del Gobierno del PP en la prórroga acordada en el año 2000.