León promueve el uso de la ciudad para los proyectos de IA y vehículos autónomos

Con la Inteligencia Artificial (IA) convertida en el paradigma de la nueva revolución tecnológica y social, el Ayuntamiento de León promueve ya una ordenanza para regular el uso de la ciudad como «entorno de pruebas» en el que las empresas prueben sus innovaciones. La normativa, según el texto ya revisado por los grupos políticos, servirá para que estas sociedades puedan realizar «la experimentación controlada de soluciones tecnológicas vinculadas al proyecto de smart city», como los vehículos no tripulados, que les permitan «evaluar, en condiciones reales y bajo supervisión administrativa, nuevas aplicaciones en ámbitos como la movilidad inteligente, la eficiencia energética, la gestión de infraestructuras urbanas, los servicios públicos digitales o el análisis de datos urbanos».

La disposición de este entorno regulatorio busca no sólo servir como banco de pruebas piloto, sino que incide en que, «cuando un proyecto alcance una explotación económica significativa y pueda acreditarse que dicha explotación se ha visto favorecida de manera directa y sustancial por las pruebas realizadas en el Urbex León, el Ayuntamiento podrá participar en una parte del valor creado». El texto abunda en que «este retorno no tendrá naturaleza tributaria ni carácter sancionador, sino que constituirá una fórmula de colaboración destinada a reinvertir en nuevas iniciativas innovadoras de interés general».

En otras modalidades, en el documento se cita que podrán «contemplarse licencias de uso gratuito para fines públicos, participación en ingresos derivados de la comercialización de la solución, derechos de utilización preferente por parte del Ayuntamiento, aportaciones destinadas al ecosistema innovador local o cualquier otra fórmula compatible con el ordenamiento jurídico». El objetivo, como se recalca, se centra en generar «la colaboración entre el sector público y el ecosistema innovador mediante la creación de un entorno regulado de experimentación urbana», en el que se puedan «realizar pruebas piloto en condiciones reales», pero que garantice «al mismo tiempo la protección del interés público, la seguridad de las personas, la preservación del patrimonio municipal y el respeto a los derechos de la ciudadanía».

La estrategia persigue que el Ayuntamiento de León no se quede «únicamente como autoridad autorizante, sino también como facilitador, colaborador y socio estratégico de aquellas iniciativas capaces de aportar soluciones a los retos de la ciudad». Dentro de estos «entornos controlados de experimentación» se quiere que «empresas, universidades, centros tecnológicos, entidades de investigación y personas emprendedoras puedan desarrollar y validar proyectos piloto innovadores en condiciones reales de funcionamiento», aunque se apostilla que «tales iniciativas deberán estar orientadas a la mejora de la gestión, conservación y aprovechamiento del patrimonio municipal, al incremento de la eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos, a la optimización de los recursos urbanos y, en general, a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía».

Sistemas inteligentes

Para llegar a estas metas, «el Ayuntamiento podrá poner temporalmente a disposición de los proyectos autorizados espacios públicos, edificios e instalaciones municipales, infraestructuras urbanas, sistemas de movilidad, redes energéticas, equipamientos tecnológicos, plataformas digitales, sistemas inteligentes de ciudad, conjuntos de datos y cualesquiera otros recursos que puedan contribuir a la validación de soluciones innovadoras». Pero, como se advierte, «la actividad a desarrollar sobre los bienes y/o servicios municipales ha de ser la prueba práctica de proyectos de innovación que hayan superado una primera fase de desarrollo en la empresa o en laboratorio, y sea necesario someter a pruebas su funcionamiento práctico en equipamientos públicos o por los gestores o persona usuarias de servicios públicos municipales».

El uso de estos «recursos municipales para el desarrollo de proyectos innovadores tendrá carácter gratuito por entenderse que existe un interés público inherente a la generación de conocimiento, la atracción de inversión y la mejora de los servicios públicos». «No obstante, cuando los proyectos alcancen una explotación económica relevante como consecuencia directa de las pruebas desarrolladas en el entorno municipal, la ciudad podrá participar en parte del valor generado a través de mecanismos de retorno de innovación, reinvirtiendo dichos recursos en nuevas iniciativas y fortaleciendo el ecosistema innovador local», se señala.