El Ayuntamiento de León le gana la batalla al socio de la ORA por el aparcamiento de Ordoño
- El Supremo ratifica el derecho al cobro del IBI que la empresa quería ahorrarse hasta el año 2072
- Empark se hizo con la propiedad tras embargárselo Liberbank a Martínez Núñez
Entrada al aparcamiento subterráneo de Ordoño II.
La batalla judicial abierta por el socio privado de la ORA, Empark, contra el Ayuntamiento de León por el aparcamiento subterráneo de Ordoño II se cierra en favor de la administración pública. La inadmisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremio resuelve de una vez siete años de pleitos con la firma, que se hizo con la propiedad en 2021, seis ejercicios después de que ya tuviera la gestión cedida por Liberbank, que a su vez había embargado la titularidad a construcciones Martínez Núñez. El periplo en los juzgados, que comenzó con la sentencia del contencioso administrativo número 1 de la capital a favor de la sociedad privada y se dio la vuelta en el TSJ, afianza ahora una sentencia que libra al consistorio de perder 2.287.231,95 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
La cuenta sale de la suma de los recibos del impuesto a partir de que en 2001 tuvo que empezar a pagarlo por el cambio de la legislación estatal. Desde la concesión municipal hasta ese año se había librado, pero la entrada en vigor de la Ley 14/2000, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social le sirvió al Ayuntamiento de León para cursar unas facturas que, hasta 2011, sumaron 503.191,02 euros. Empark reclamó que se le devolviera esta cuenta, además de que no se cobraran las facturas del IBI que le restan hasta la finalización de la concesión, emplazada para el año 2072. En su argumentación, el socio privado de la ORA insistía en que este coste «no se pudo prever al contratar» en 1996, recordaba que «el precio del contrato de la concesión fue de 5.361.027,97 euros» y cuantificaba «el quebranto económico» que le causaba el pago provocaría que se redujeran los beneficios «un 24,56% respecto al coste de la inversión realizada, para el periodo de 2001 a 2021, y del 35,2% entre 2022 y 2072».
Estas cifras sustentaban la reclamación del «restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión del aparcamiento público, alterado por el pago sobrevenido del IBI, y el reintegro de las cantidades pagadas por este tributo». El recurso lo atendió el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de León, que en la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2022 condenó incluso al Ayuntamiento al pago de costas procesales, fijadas en la cuantía de 3.000 euros.
El fallo lo revocó tres años después el TSJ. El 19 de diciembre de 2025, los magistrados apuntaron que «el derecho al reequilibrio económico de la concesión no puede considerarse como una garantía ordinaria del concesionario a modo de seguro gratuito que cubra todos sus riesgos». En la sentencia, el tribunal se extendió en que «el cambio legislativo en la regulación de un impuesto durante la ejecución del contrato no tiene cabida en los supuestos de carácter excepcional y, por tanto, de interpretación restringida, frente al principio general de riesgo y ventura del contratista». «No estamos ante el ejercicio por la administración contratante del ius variandi o prerrogativa de modificación unilateral, por razones de interés público, del contrato administrativo, pues la administración no ha llevado a efecto ninguna modificación de las condiciones del contrato, ni estamos ante un supuesto de factum principis, pues el cambio normativo ha sido llevado a cabo por el legislador estatal, ni puede considerarse que sea imprevisible que a lo largo de 75 años no cambie la regulación de los tributos que le afectan», se apuntó en la argumentación judicial, que insistió en que «el informe pericial aportado no acredita que la sujeción al IBI haya supuesto una ruptura del equilibrio económico sustancial o esencial, sin que baste con cualquier pérdida económica».
No ha logrado darle la vuelta el socio de la ORA en el Supremo. El Alto Tribunal inadmite el recurso de casación, como acaba de comunicar al Ayuntamiento de León. El pronunciamiento consolida que «el reequilibrio económico-financiero de la concesión tiene carácter excepcional y sólo procede cuando se acredita una alteración sustancial de la economía del contrato reconducible a alguno de los supuestos legalmente previstos, sin que a imposición sobrevenida de una carga tributaria determine por sí sola el nacimiento del derecho a compensación».