El Ayuntamiento de León no irá a la Audiencia Nacional contra el Gobierno por Feve
- Los dos informes jurídicos lo rechazan y plantean pedir tras 16 años la comisión de seguimento
- La plataforma ciudadana se queda sola en su acción judicial contra el ministerio
Las protestas de Feve continúan los sábados ante la Subdelegación de Gobierno.
El Ayuntamiento de León no irá a la Audiencia Nacional contra el Gobierno por el incumplimiento del proyecto de Feve, cuyos trenes salieron de la estación hace 15 años y no han vuelto. No lo hará, al menos, dentro de la demanda presentada por la plataforma en defensa del ferrocarril de vía estrecha. El informe de los servicios jurídicos municipales, elaborado como respuesta a la moción aprobada en el Pleno de septiembre para estudiar la posibilidad de personarse en el pleito, resuelve que el consistorio sólo podría personarse ahora como «falso codemandado» por la «presunta inactividad» del ministerio al no ejecutar el convenio marco para la integración de la línea ferroviaria, firmado el 6 de febrero de 2010. Como salida airosa, el documento complementario de la Secretaría General aboga por reclamar que se constituya la «comisión de seguimiento y coordinación»: un órgano que no ha debutado en estos 16 años y para el que ni siquiera hay nombrado representante municipal.
Después de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León se negara en abril y en junio de este año a iniciar la acción judicial, como le reclamaba el movimiento ciudadano, el documento de los servicios jurídicos fundamenta la negativa a sumarse a un recurso contencioso administrativo en el que «la personación como demandados sólo permitiría, en leal y buena lógica jurídica y procesal, defender la postura de la Administración General del Estado». «Esta postura no se contempla por contradictoria», como se incide en el documento de los servicios jurídicos, que alude a que en las mociones aprobadas en los últimos años el consistorio ha denunciado «una inactividad estatal en incumplimiento de las obligaciones asumidas».
presión ciudadana
Pero no había ido más allá. Hasta que la plataforma elevó el tono, el Ayuntamiento de León no reclamó la convocatoria de la comisión de seguimiento del convenio que, ahora, aparece como «imprescindible para resolver las dudas que se generen respecto de las obligaciones derivadas de los convenios y el conocimiento del grado de cumplimiento de las mismas, tanto por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como del Ayuntamiento». «Lo primero que hay que hacer para interponer las acciones judiciales que correspondan es constituir dicha comisión», se recalca en el informe de la Secretaría General, en el que se apostilla que «no se ha nombrado el representante municipal que se prevé como integrante».
No se ha hecho, a pesar de que, tras la aprobación de la moción del Pleno de marzo, ya se remitió en junio al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a Renfe para que se constituyera la comisión, «sin que hasta la fecha se haya contestado a dicho acuerdo». Ahora, después de la nueva moción, ratificada a finales de septiembre, y tras el informe de los servicios jurídicos y la Secretaría General, el expediente incluye una nueva carta remitida con fecha de 30 de octubre por el alcalde, José Antonio Diez, al entonces ministro Óscar Puente.
En la misiva se recoge que, «transcurridos más de quince años desde la formalización del convenio persisten actuaciones de relevancia para la consecución de sus objetivos, singularmente aquellas vinculadas a la culminación del proceso de integración de la línea de Feve en la ciudad y a la adecuada prestación del servicio ferroviario en el núcleo urbano». El regidor incide en «la prolongada falta de convocatoria» de la comisión e insta a que «se proceda a convocarla, en el plazo máximo de un mes desde la recepción del presente escrito», para «analizar el grado de ejecución de las actuaciones contempladas en el mismo, el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes firmantes y las previsiones existentes para la culminación de los objetivos perseguidos por dicho instrumento convencional».
La comunicación cumple con el camino señalado ahora en el expediente. Mientras que los servicios jurídicos reseñan que su informe no trata «el procedimiento legal adecuado para que el Ayuntamiento actéu en sede judicial para exigir las obligaciones» del convenio, el escrito de la Secretaría General sí cumple con esta parte que se pedía en la moción. El documento señala que, si la comisión «no tuviere lugar en el plazo que se establezca o no se reciba contestación o se deniegue la convocatoria», los técnicos municipal tendrán que elaborar una relación de incumplimientos de las partes y su motivo. Luego, tras otro informe, se tendría que hacer un requerimiento previo al ministerio y, ya en el caso de que tampoco lo atiendan, «sería el momento de interponer el recurso contencioso-administrativo, solicitando el cumplimiento de las obligaciones convenidas, si hubiere lugar».