Los cambios de la Ley de Garantía

El periodo de resolución de los conflictos planteados ante la Omic de San Andrés por los consumidores se ha reducido sensiblemente desde que este oficina se integró dentro de la red de expertos en la aplicación de la Ley de Garantía en la venta de bienes de consumo. El objetivo de esta adhesión al conglomerado de asesores fue el de facilitar de una forma rápida y consensuada las consultas o peticiones de intervención que se formulen en relación a cualquiera de los ámbitos competenciales en materia de consumo. La Omic de San Andrés cuenta ahora con un respaldo de medios suficiente para responder en un plazo máximo de diez días a cualquier cuestión relativa a la Ley de Garantías. Desde comienzos de año se desarrolla el trabajo de acuerdo con estos parámetros. Hasta el pasado verano los consumidores contaban con un periodo de garantía para reclamar o exigir sus derechos si los productos adquiridos no se estaban en perfecto estado u ofrecían daños ocultos, de los que se suelen advertir en los electrodomésticos cuando se ponen en funcionamiento. Después de la aprobación de la Ley de Garantías, en vigor desde septiembre, el vendedor tiene la obligación de entregar al consumidor un bien que resulte acorde al contrato de compraventa -que funcione de forma correcta-; en caso contrario, la ley obliga al vendedor a entregar un artículo distinto. La nueva ley extiende el tiempo previsto para reclamar la responsabilidad del vendedor en la integridad de los artículos. Este periodo pasa de seis meses a dos años desde la entrega del producto. Por defecto, todos los artículos tienen una garantía general de dos años a partir del momento de la compra. En el caso de los de segunda mano, esta garantía no debe bajar de un año desde la adquisición.