La UPL acusa a su antiguo gerente de llevarse las cuentas y la lista de afiliados

El comité provincial de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) acordó ayer reclamar a los dos ex trabajadores del partido que devuelvan los libros de cuentas del presente ejercicio y el listado de afiliados, que según denuncian no se encontraron en la sede cuando la nueva dirección leonesista se hizo cargo de la organización a raíz del congreso de mayo. El secretario general de la UPL, Joaquín Otero, aseguró ayer que tenía constancia de que uno de estos trabajadores que cesaron por decisión propia, el que fuera gerente de la organización José María Villalón, estaba utilizando el listado de militantes para organizar reuniones en nombre del partido, cuando él no ostenta ninguna representación y es un simple militante de base. Otero advierte que la relación de militantes de la UPL constituye una información confidencial protegida por la Ley de Protección de Datos y sostiene que un uso ilegítimo de esta información como el que consideran que se está haciendo, constituye un delito, por lo que el comité acordó estudiar el inicio de acciones judiciales. Otero, que compareció ante los periodistas al concluir el comité, destacó que todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad de los 40 miembros que acudieron a la reunión del máximo órgano ejecutivo de la UPL -al que no asistió pese a ser miembro nato el fundador, José María Rodríguez de Francisco, ni ninguno de los miembros cercanos a él- y aseguró que después del congreso de mayo en el que se inició una emancipación respecto al caudillaje de De Francisco, el partido ha captado a 56 nuevos afiliados frente a tres que se dieron de baja. «Esto significa que, aunque de manera incipiente, estamos volviendo a ilusionar a la gente», interpretó el secretario general. Sanciones a los críticos El comité también acordó remitir a la comisión de conflictos del partido las declaraciones de la edil del Ayuntamiento de León Covadonga Soto, que llamó cobarde a su compañero de corporación Javier Chamorro, así como las del concejal de Cabrillanes José Álvarez, que se refirió como traidores a los actuales dirigentes de la UPL. Los cinco miembros de esta comisión deberán oír a los afectados y determinar si los hechos son sancionables según los estatutos del partido, en cuyo caso propondrán al comité una penalización que puede ir desde el apercibimiento hasta la expulsión de la organización. En la reunión de ayer también se planteó la posibilidad de remitir a la comisión de conflictos algunas declaraciones recientes de José María Rodríguez de Francisco, pero tras el debate se consideró que estas declaraciones, pese a que pudieran ser más o menos duras, en ningún caso fueron calumniosas para otros afiliados, como aparentemente son las de Soto y Álvarez, y como determinan los estatutos del partido para que sean sancionables. Otro acuerdo que se adoptó ayer fue el de constituir de forma provisional un comité local de León -en el que no están presentes los concejales De Francisco y Soto- hasta que la asamblea constituya el definitivo, previsiblemente en el otoño. También se ratificó la constitución de los comités locales de Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo y Santa María del Páramo. Moción de censura en Torre La ejecutiva de la UPL decidió ayer en otro orden de cosas dar su visto bueno, una vez escuchados sus concejales de Torre del Bierzo, a su decisión de firmar una moción de censura con el PP para retirar del gobierno municipal al equipo que encabeza la socialista María José Estrada. La joven Cristina Sahagún Fernández, de 26 años y vecina de León, falleció a las 12.45 horas de ayer tras sufrir un accidente de moto en la autovía A-66 a la altura de Soto de Ribera, muy cerca de Oviedo. La joven viajaba hacia Gijón de acompañante en una moto Kawasaki con matrícula 0747BVR cuando el vehículo se salió de la vía y la víctima se golpeó la cabeza contra el poste de un quitamiedos, lo que pese a llevar casco le causó la muerte instantánea. El conductor resultó ileso.