El juzgado de instrucción número 4 compatibilizará sus tareas con los nuevos casos de género

León no tendrá un juzgado dedicado en exclusiva a la violencia sobre la mujer Con retribuciones incluídas

Los jueces decanos critican el sistema de justicia de proximidad ante el riesgo de perder independencia

PEIO GARCÍA/ICAL

León

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León no estará incluida en el cupo de ciudades que contarán con un juzgado exclusivo dedicado a los casos de violencia sobre la mujer, según reconoció el juez decano de la capital, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la clausura de las jornadas dedicadas a este colectivo, que inauguró el pasado domingo el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de las que ayer se despidieron los más de cuarenta delegados que acudieron a las mismas procedentes de toda España. La lectura de las conclusiones tuvo lugar en el mismo escenario en el que se han desarrollado las actividades, el Hostal de San Marcos. Suárez-Quiñones, que se hizo acompañar del juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y el de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, anunció la creación de una comisión mixta que estudie las necesidades de los partidos judiciales, en el desarrollo de la Ley Integral, y señaló necesaria a todas luces la ampliación urgente de la planta de los juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos, incrementando los actuales e implantando otros nuevos. Reconoció en cualquier caso que, los cálculos de volumen de trabajo realizados hasta ahora, invitan a pensar que León no tendrá, al menos por el momento, una sala de estas características. que se reserva a Madrid, Barcelona, Sevilla, Valadolid y Palma de Mallorca. Igualdad jurídica Suárez-Quiñones destacó que esta iniciativa no contribuye a la igualdad ni a la seguridad jurídica del ciudadano, ni resulta más cercana para el justiciable que la actual y, por el contrario, «supone una merma de la calidad de la Justicia como servicio público». Los jueces decanos entienden que es necesario habilitar fórmulas para que los juzgados no se colapsen por exceso de casos, y proponen que se liberen dos días hábiles a la semana para realizar audiencias públicas de casos de estas características, de tal modo que sea factible compatibilizar «un calendario razonable». Mantienen el apoyo al actual sistema de valoración del desempeño de la actividad de jueces y magistrados, pero exhortan a Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para que alcancen un acuerdo que permita poner en marcha a la mayor brevedad uno nuevo. En lo tocante a la justicia de proximidad, se expresa el rechazo frontal a su aplicación, por entender que no garantiza una administración profesional independiente del poder político, ni igualdad jurídica o seguridad para el ciudadano: «Sería una merma de calidad de la justicia como servicio público». Tampoco se muestra especialmente predispuesto el colectivo en cuestión a la creación de los consejos territoriales de justicia «puesto que puede provocar la fragmentación del poder judicial por territorios y su debilitamiento como poder del Estado». Finalmente, en lo que toca a las cuestiones relativas al diseño e implantación del nuevo modelo de oficina judicial, se considera necesaria la determinación de dotar al juez o al presidente del tribunal de la facultad correspondiente para determinar los criterios pertinentes en el sistema de señalamientos que se verifiquen por el respectivo servicio común. La próxima edición de las jornadas se celebrará en Zaragoza, si bien, las sesiones preparatorias tendrán lugar en Pamplona, en fechas por determinar. Los jueces creen necesario acometer la especialización de los juzgados de lo penal en el conocimiento de la competencia de violencia de género femenino. Además piden que el Ministerio de Justicia y las comunidades con competencias transferidas retribuyan adecuadamente al personal que trabaja en esta materia fuera del horario habitual, para que se compense su labor.

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