El juez solicita a la Guardia Civil otra investigación sobre el tren de Villada

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palencia ha ordenado una segunda investigación en torno a las posibles causas del accidente de tren ocurrido en Villada el pasado mes de agosto, en el que perdieron la vida siete personas y resultaron heridas más de medio centenar. El responsable de la instrucción del caso ha tomado de nuevo las riendas del caso, decidido a determinar cuál puede ser el motivo de las contradicciones evidentes que muestran las versiones de Renfe y del maquinista que pilotaba el convoy, un vecino de León al que se ha citado a declarar el próximo día 14 de noviembre. Para la empresa, el accidente se debió a un exceso de velocidad por error humano, pero el conductor insiste en que nadie le notificó que tenía que reducir la marcha. La segunda investigación habría sido ordenada para tener certeza absoluta de cómo funcionaron los sistemas de seguridad en la tarde del 21 de agosto, y cuál fue el motivo real de que la máquina, que en ese tramo de la vía debía circular a 30 kilómetros por hora, lo hiciera por encima de los 120, cuando incluso instantes antes había rodado incluso a 150 kilómetros por hora. Vacaciones y cambios En primera instancia, el titular del juzgado responsable del caso fue sustituido y su relevo, disfrutó de las vacaciones de verano que le correspondían hasta hace pocas semanas. Como quiera que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Palencia, Manuel Martín-Granizo, fue nombrado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, recién cumplidos dos meses de la tragedia, de momento se mantiene la recopilación de datos para incorporar a la instrucción del caso todos los apuntes posibles. El juzgado ha ofrecido a las personas que se consideren perjudicadas por las consecuencias del accidente que se personen en el caso, pudiera ser que como acusación particular, aunque por el momento es un asunto que está por determinar si bien, a efectos jurídicos, los expertos consideran que sería más aconsejable agrupar a todos los damnificados en un sólo colectivo, que además de tener más fuerza para presionar por sus derechos, simplificaría los trámites correspondientes, y permitiría agilizar los procesos para encontrar la solución más acorde a sus necesidades.