Una sentencia obliga al consistorio a derribar una fábrica de tresillos «Yo ya no puedo hacer nada más» Adquiere suelo en Ferral

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obliga al Ayuntamiento de San Andrés a derribar una fábrica de tresillos ubicada en Trobajo del Camino. El fallo judicial, de ejecución definitiva, requiere al alcalde de este municipio, Miguel Martínez para que «bajo su directa y personal responsabilidad» derribe dicho edificio dando así cumplimiento a providencias anteriores procedentes de los años 2003, 2005 y 2006 en las que la justicia ya solicitaba al consistorio la demolición de este inmueble al no cumplir la legalidad urbanística. La fábrica que se derribará está situada en la calle Serna de Trobajo del Camino y ya en una resolución judicial, del 13 de marzo de 1998, basada en informes técnicos, «impedía todos los usos» que se le han dado a estas instalaciones por infringir el planeamiento urbanístico. Según la sentencia, una vez expirado el plazo de diez días que concluye el 2 de enero, y en el caso de que el alcalde no la ejecute, «se le impondrán multas coercitivas cada mes natural y hasta la completa ejecución de la misma de 600 euros cada mes». El fallo judicial también advierte al regidor que pueden exigirse «responsabilidades penales que puedan corresponder por desobediencia». Ante esta resolución, el alcalde de San Andrés ha explicado que si ha mantenido esta situación los últimos años, a pesar de las sentencias existentes, «ha sido única y exclusivamente por las más de cien familias que trabajan en la empresa». Sin embargo, dejó claro que la sentencia ya es definitiva y «hay que acatarla». Recalcó que ya se ha reunido con los representantes de los trabajadores a los que les ha explicado la situación y las medidas que el consistorio tendrá que tomar a partir de ahora. La notificación, el día 2 Así, el Ayuntamiento remitirá el día 2 (día que expira el plazo dado por el Tribunal) una notificación en la que solicita un mes de plazo para encargar el proyecto de demolición a un arquitecto. Martínez explicó que, dependiendo de la cuantía del mismo, se adjudicará directamente o mediante concurso «pero siempre se hará por la vía de urgencia». Según se recoge en el fallo judicial el coste de la demolición deberán sufragarlo los propietarios de dicha empresa. El alcalde de San Andrés, Miguel Martínez, quiso dejar claro que «hemos hecho todo lo posible para mantener los puestos de trabajo». Sin embargo, añadió el regidor, «esta situación ya no se puede alargar más y tenemos que cerrar las instalaciones». Mostró su solidaridad con los más de un centenar de trabajadores de esta compañía pero, dijo, «yo ya no puedo hacer nada más». Criticó la actitud tomada por el propietario de la empresa de sofás que, según aseguró, «no ha puesto nada de su parte para intentar arreglar la situación» que parte desde que en 1998 comenzara el proceso judicial dado que amplió la factoría con tres plantas sin tener licencia para ello. Martínez también resaltó que durante estos años se le han dado todo tipo de facilidades para que regularizara la situación e incluso «estábamos dispuestos a recalificar un terreno para que hiciera una nueva factoría y pudiera mantener así los puestos de trabajo». Esta empresa ha adquirido 10.000 metros cuadrados de suelo entre Ferral del Bernesga y San Andrés del Rabanedo, un lugar donde pretende ubicar las futuras instalaciones. Sin embargo, para poder construir una nueva factoría, la Junta de Castilla y León deberá autorizar el uso excepcional del suelo. Pendientes de la Junta Fuentes municipales han asegurado que, si la Junta niega esta modificación, la empresa no podrá construir en este lugar la nueva fábrica de tresillos. El suelo adquirido está situado en la zona industrial que existe entre ambos núcleos de población. La empresa ha agilizado los trámites de adquisición de suelo y de solicitud de cambio de uso a la Junta una vez que ha conocido la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que, además, el Ayuntamiento de San Andrés va a ejecutar.