Condenan a Cruz Roja a repartir medio millón de euros entre ocho despedidos

Ocho trabajadores de la asamblea de León de Cruz Roja Española deberán ser indemnizados con cifras que suman en total casi medio millón de euros, como consecuencia de la sentencia dictada por el juzgado de los Social número 1 de León, de acuerdo a la cual, es improcedente el despido ejecutado en su día, por el que se desvincularon de la plantilla que atendía el antiguo hospital de la entidad, derribado para la construcción de una residencia de ancianos que, actualmente, opera en el mismo lugar, a la altura de la esquina de Álvaro López Núñez con Mariano Andrés. El letrado de la defensa de los afectados manifestó ayer a este periódico que, una vez celebrado este último juicio en Valladolid, y después de que los tribunales han dado la razón a los despedidos, ahora se presentará una nueva demanda para que también se indemnice a los trabajadores por los perjuicios causados y que se abonen los intereses de demora correspondientes. Fuentes de los Juzgados de León consultadas, confirmaron que también se ha devuelto a Cruz Roja el talón por valor de 182.000 euros presentado como aval. Los hechos se remontan a 1998. La organización no gubernamental, que a efectos judiciales tiene consideración de empresa en todos los aspectos, decidió poner fin a la complicada situación económica en la que se movía el hospital mencionado. La Asamblea de Castilla y León, responsable a efectos operativos y legales de la de León, aceptó una propuesta de cesión a la Junta de Castilla y León de los terrenos que ocupaban las instalaciones, a condición de que su uso fuese exclusivamente la construcción de una reidencia para la tercera edad. «Teníamos unas pérdidas de casi 20 millones de pesetas anuales», manifestó en su día Anselmo Castaño, presidente de la Asamblea de León. «Pero no puedo decirle cómo ha terminado esto, porque igual que en su día manifesté que nosotros no habíamos tramitado nada, ahora tampoco sabemos qué es lo que ha ocurrido con el juicio», reiteró en las últimas fechas el propio Castaño. La sentencia contempla que, las ocho personas que han mantenido el litigio, deberán ser indemnizadas con cantidades que, en total suman cerca de medio millón de euros. Las otras catorce restantes, que se vieron afectadas en su día por el mismo problema, están en manos de servicios legales de sindicatos, mayoritariamente. Espera prolongada La prolongada espera que ha sufrido el proyecto a lo largo de su desarrollo ha hecho que buena parte de los afectados, hanyan replanteado sus vidas en otros puntos del país. La readmisión que se suponía que exigía la sentencia, no es posible ya, puesto que buena parte de ellos se encuentran trabajando en localidades como Irún, Córdoba, Bilbao, San Sebastián o Gijón. Las cuantías concretas de cada uno de los casos no han sido concretadas a los medios de comunicación. En un principio se había barajado una horquilla de entre 15.000 y 30.000 euros por persona, aunque es probable que posteriormente haya habido variaciones en este sentido. Los jueces que han dictado sentencia en cada uno de los pasos seguidos hasta ahora, no han tenido en cuenta la condición de organización no gubernamental que acompaña a la empresa, ya que a efectos legales, y en materia de asuntos de estas características, Cruz Roja es una empresa, con los mismos requisitos y las mismas exigencias que cualquier otra.