La CNE investiga las térmicas locales por paradas del suministro eléctrico

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto expedientes informativos a algo más de 40 instalaciones de generación para investigar por qué entre el 12 y el 19 de noviembre se produjeron descensos en la oferta eléctrica que obligaron a Red Eléctrica Española (REE) a poner en marcha el mencanismo de interrumpibilidad (interrupción temporal del suministro a 213 empresas que están acogidas a este sistema en el conjunto del país). De momento dos de estas instalaciones están en la provincia de León. Se trata del Grupo 5 de Compostilla, propiedad de Endesa; y de la central térmica de La Robla, de Unión Fenosa. La CNE tenía previsto aprobar ayer nuevos expedientes de inspección, que según algunas fuentes habrían afectado también a la central hidroeléctrica de Vegacervera, aunque finalmente aplazó la decisión sobre estas investigaciones. El organismo supervisor del mercado energético ha pedido a REE que explique «cómo se ha llegado a un riesgo de desbalance entre los días 12 y 19 de noviembre» y ha reclamado toda la información disponible para aclarar por qué se produjeron niveles tan elevados de indisponibilidad (es decir, de falta de suministro). Además, la comisión decidió «inspeccionar de forma inmediata las centrales de generación declaradas indisponibles», entre las que se encuentran las dos térmicas de la provincia. La comisión ha ordenado también abrir expediente informativo a algo más de una veintena de grupos térmicos e hidráulicos «en relación a los precios ofertados» entre el 10 y el 23 de noviembre. Las investigaciones, que según algunas fuentes afectarán a un mayor número de instalaciones en las próximas semanas, forman parte de la mayor investigación a las compañías eléctricas realizada por la Comisión Nacional de la Energía, que trata de aclarar algunas prácticas mediante las cuales las eléctricas podrían forzar los precios de la electricidad al alza utilizando el «mercado de restricciones» en los momentos de mayor demanda. La investigación afecta a todas las compañías eléctricas. En el caso de los expedientes que afectan a las dos térmicas leonesas, a falta de los resultados de la inspección, podrían estar relacionados según algunos analistas con las presiones de las empresas al Gobierno para conseguir un incremento mayor del previsto en las tarifas eléctricas y en la garantía de potencia. El Ministerio de Industria considera la situación «inaceptable» porque la capacidad del sistema eléctrico es actualmente «más que suficiente para atender la demanda».