El leonés Martín-Granizo toma posesión como fiscal superior de la comunidad
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el leonés Manuel Martín-Granizo, que tomó ayer posesión de su nuevo cargo como fiscal superior de la comunidad en un acto que fue presidido por el fiscal de sala del Tribunal Supremo (TS) Eduardo Torres-Dulce, indicó que este cambio de nombre supone una «reforma sustancial» en la organización del Ministerio Fiscal. Martín-Granizo expuso que «dejamos atrás una organización territorial de al menos 82 años» y agregó que «afortunadamente, después de todo este tiempo se produjo por ley la modernización del Ministerio Fiscal». Una modernización que, según manifestó, supone «la descentralización y la adaptación de la estructura del Ministerio Fiscal al estado de las autonomías y la modernización equiparando nuestra organización a los ministerios fiscales europeos, como el francés o el italiano». Instrucción fiscal Así, Martín-Granizo aseguró que «vamos a tener una Fiscalía de apelación como se conoce en estos países» y añadió que «estamos preparados para cuando llegue la apelación penal a medio plazo y a más largo plazo para cuando llegue la instrucción por el fiscal». «Vamos a estar en una situación privilegiada para afrontar los cambios procesales y orgánicos», concluyó. De esta forma, Manuel Martín-Granizo deja de ser fiscal jefe de Burgos, cuyo sustituto será nombrado próximamente, al igual que el del teniente fiscal de la provincia, Fernando Mena, que pasa a ser de forma automática teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad. Este cambio en el organigrama de la Fiscalía obedece a la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyos objetivos son reforzar su autonomía, mejorar su capacidad funcional y actualizar su estructura jerárquica. En virtud del nuevo Estatuto se crea también la sección de Valladolid de la Fiscalía Superior de Castilla y León para atender los asuntos procedentes de las Salas del TSJ, cuyo responsable será designado en las próximas semanas y que será diferente del fiscal jefe de Valladolid. Los cambios de la nueva regulación suponen nuevas atribuciones para el fiscal superior, que asumirá las relaciones institucionales con las autoridades políticas de Castilla y León, tendrá que comparecer en las Cortes para dar cuenta de la memoria anual de actividades.