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No es la primera vez que la Junta se ha planteado el cese de Aurora Rodríguez. La rumorología la ha colocado fuera de su despacho en dos ocasiones. Sus «formas» en las relaciones personales, y algunas de sus actuaciones al frente de su cargo como las denuncias por la compra con dinero público de artículos personales, la batalla legal de una joven del Valle de Laciana para recuperar a sus cuatro hijos después de que la Junta decidiera darlos en adopción a dos familias de Palencia y Valladolid y los enfrentamientos con su número dos en el cargo, la han colocado en los titulares de prensa. «Se comenta que hace un mes que está cesada de palabra, pero hasta hoy (por ayer) no se ha hecho efectivo», dice el secretario de Organización de Servicios Públicos de UGT, Nicolás Sanz Monjas. Pero no ha sido la única vez. Según Monjas, la Junta ya la cesó de palabra hace unos años, «pero luego no lo hicieron efectivo». Los responsables de la Junta quisieron cambiarla de su puesto en la legislatura anterior, pero la propuesta no prosperó, según confirmaron a este periódico fuentes políticas. Para Monjas, el cese se hace en un momento inoportuno, «siempre ha estado en el candelero, pero que venga precedido de denuncias de otro funcionario no me parece una justificación. Han tenido más motivos para hacerlo», afirma. Recordó las circunstancias que rodearon su nombramiento en el año 1997, «la tuvieron que cesar nada más nombrarla, yo lo denuncié estando de responsable en Valladolid, porque en la relación de puestos de trabajo (RPT) aparecía con el nivel A y ella era del B. Entonces la cesaron, cambiaron la RTP y la volvieron a nombrar». Monjas dice que el cese «es tanto como responsabilizarla a ella del enfrentamiento con su número dos, pero tenían que haber esperado a ver que pasa con esa denuncia». Monjas es claro a la hora de pedir responsabilidades, «lo que verdaderamente sería de interés público es que cesaran al consejero, César Antón» -afirma-, «el empezó a pagar el complemento de exclusividad a los médicos, una medida ilegal que costó 30 millones de euros», dice, «hay que pedir su cese».