Los sindicatos dicen que el expediente abierto a la policía sí es disciplinario

Los sindicatos CC.OO., SPPME y los delegados de personal independientes del Ayuntamiento de San Andrés aseguraron ayer que la regidora de San Andrés, María Eugenia Gancedo, «falta a la verdad o ignora lo que firma» al asegurar que el expediente abierto a 14 policías en San Andrés, por obstruir la puerta del despacho del jefe del Cuerpo, es informativo y no sancionador. Los representantes sindicales resaltan que en todas las notificaciones figuran las palabras «expediente disciplinario». Los sindicatos consideran este acto como injustificado y desproporcionado ya que «los agentes cumplen con sus obligaciones mientras están de servicio». Además, dejan claro que suponer que alguno de ellos ha realizado la obstrucción de la cerradura «atenta claramente contra el principio de presunción de inocencia». Los representantes de los trabajadores afirman que son la regidora de San Andrés y el jefe de la Policía Local los que perjudican la imagen de este cuerpo con este tipo de acciones. Al mismo tiempo hacen hincapié en que no existe ningún informe que describa las causas del no funcionamiento de la cerradura por lo que pudo tratarse de una simple avería, según sus argumentos. Por este motivo califican de «incomprensible» la apertura de expediente disciplinario «sin haber realizado averiguaciones previas tendentes a esclarecer el hecho, su veracidad y a su autor o autores, dando por nulo el elemental Principio Acusatorio y en el que recae la carga de la prueba». Además, los sindicatos aclaran que el lugar al lugar en el que se desarrollaron los hecho no es de único acceso para los catorce policías que estuvieron de servicio ese fin de semana. Una situación de «abuso y arbitraria» que produce «un estado de malestar y de estrés en el seno de la plantilla generado por el jefe de la Policía Local», denuncian los sindicatos que añaden que así se complica el trabajo diario que deben realizar los agentes. Finalmente, los sindicatos anuncian que algunos de los implicados podrían iniciar acciones legales contra la alcaldesa de San Andrés y el jefe de la Policía Local.