El Ayuntamiento cierra un taller al que un juez otorgó la licencia de actividad

La Guardia Civil desalojó en la mañana de ayer del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas a los trabajadores de Talleres Robles que exigían ser recibidos por la alcaldesa de la localidad, Mari Paz Díez, para pedir explicaciones por la suspensión de actividad inmediata ordenada por el consistorio mansillés contra su empresa. A raíz de esta decisión, tomada por unanimidad de la Junta de Gobierno Local el pasado 2 de noviembre, los responsables del taller, ubicado en la avenida de la Constitución 60, se han visto obligados a cerrar las instalaciones, dedicadas a la fabricación y reparación de volquetes y vehículos industriales, en las que en la actualidad trabajan 18 trabajadores.

Según explica el portavoz de esta empresa familiar, Juan José Robles, los problemas de esta empresa con el Ayuntamiento de Mansilla se remontan a hace casi diez años, cuando a raíz de un edicto municipal emitido en 1993, Talleres Robles inició los trámites para obtener la licencia ambiental que la ley requiere para este tipo de establecimientos. Cuando llegó el momento de solicitar al Ayuntamiento la licencia de actividad, el consistorio no reconocía a la empresa su antigüedad, que se remonta a 1967, por lo que sus instalaciones no se ajustaban a la legislación que regula el inicio de actividad para este tipo de talleres. Fue entonces, en el 2001, cuando el Ayuntamiento inició un expediente contra la empresa, a la que obligó a llevar a cabo una serie de obras de acondicionamiento y de homologación, para adaptarse a la nueva normativa, que según Juan José Robles, «cumplieron y acataron escrupulosamente». A pasar de todos los esfuerzos de la empresa, el Ayuntamiento siguió denegando la licencia de actividad, alegando que el taller debería buscar otra ubicación fuera de la localidad. Los responsables de la empresa, disconformes con la decisión del Ayuntamiento, iniciaron un contencioso administrativo en el 2007 contra las resoluciones municipales que denegaban la licencia de actividad solicitada por la empresa.

Finalmente, el 2 de septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León emite una sentencia, en la que se anulan las resoluciones del Ayuntamiento y se reconoce, como situación jurídica individualizada, el derecho de Talleres Robles a obtener la licencia de actividad. Sin embargo, la sentencia no reconoce el derecho de apertura a la empresa, cuya resolución vuelve a quedar en manos del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local, reunida el 2 de noviembre, reconoce el derecho de actividad de la empresa, pero advierte de la falta de aportación de los documentos exigidos en el artículo 34 de la Ley 11/2003, que requiere presentar en un plazo de diez días un certificado del técnico director del proyecto, otro emitido por un organismo de control ambiental acreditado y por último un muestreo y análisis con los que valorar los sistemas de depuración y filtros.

Dado que la empresa no presentó los documentos exigidos, la Junta de Gobierno Local acordó la suspensión inmediata de la actividad.

Juan José Robles alega que «esos documentos exigidos están ya contemplados en la sentencia, en la que se reconoce que la empresa cumple con todos los requisitos medioambientales que exige la ley» y añade que un ayuntamiento se ha excedido en sus competencias».