La Diputación asumirá los servicios que no puedan financiar los ayuntamientos
Los municipios que gasten más de lo que ingresen no prestarán servicios básicos .
Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que vulneren el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en la ley de austeridad perderán la gestión de servicios mínimos esenciales, que pasarán a ser desempeñados por las diputaciones provinciales. La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno cederá a las diputaciones la prestación de competencias municipales básicas cuando los consistorios sean ineficientes o incapaces de acometerlas. El PSOE cree que esta reforma servirá como excusa para privatizar
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció en el Congreso de los Diputados esta reforma, que el Gobierno quiere remitir a la cámara en las próximas semanas. En esencia, la normativa busca sujetar el funcionamiento de los pequeños ayuntamientos a la ley orgánica de estabilidad financiera, para que sólo los saneados puedan seguir prestando los servicios considerados obligatorios. El primer paso será actualizar el mapa de las competencias municipales y diferenciarlas de las estatales o autonómicas
Alumbrado público, cementerios, recogida de residuos, limpieza, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas son las competencias que el Gobierno prevé incluir entre las obligatorias para los municipios de hasta 5.000 habitantes, según un documento que maneja la Secretaría de Estado
Hasta 20.000 habitantes
Los que superen esa cifra de población pero no alcancen las 20.000 personas verán completado el listado con la gestión de parques públicos, biblioteca pública, mercado municipal y tratamiento de residuos. El objetivo, señaló Beteta, es «garantizar que los ciudadanos de los municipios pequeños no vean mermados, por vivir en esas pequeñas localidades, sus derechos y sus servicios públicos básicos»
Pero tener las cuentas en orden no será el único requisito para conservar la gestión de esas competencias. Los ayuntamientos, además, tendrán que prestarlas con eficiencia. De aquí a un año, todos los servicios municipales y los que prestan las mancomunidades serán sometidos a «un proceso de evaluación» que medirá su eficacia. Beteta explicó que cuando el resultado de ese examen sea «negativo» en los municipios de menos de 20.000 habitantes será «causa determinante para encomendar la prestación a las diputaciones provinciales»
Cuando se trate de ayuntamientos con población superior a 20.000 personas se buscará «una fórmula supramunicipal» para la prestación de servicios, aunque en estos casos será de «carácter voluntario». El Ejecutivo quiere consensuar esta reforma con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el PSOE
Esa búsqueda de consenso se antoja difícil, a la vista de la respuesta de la portavoz socialista en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Durante su intervención, Meritxell Batet cuestionó que la asunción de la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas pueda llevarse a cabo sin recurrir a privatizaciones
El secretario de Estado dejó la puerta abierta a la gestión privada.