Doce imputados por vía penal por irregularidades en la compra de cobre
Las infracciones se detectaron en las zonas de Astorga, La Bañeza, Órbigo y Páramo.
Efectivos del puesto principal de la Guardia Civil de La Bañeza han imputado a doce personas por la comisión de diferentes ilícitos penales en la compra-venta ilegal de cobre, según informó una nota de prensa de la Comandancia de la Benemérita en León, que indica además que los agentes que llevaron a cabo esta operación formularon más de un centenar de multas de administrativas en diferentes campos (ley de seguridad ciudadana, normativa tributaria, de la Seguridad Social y medioambiental).
Así, el material vendido de manera irregular, bien por infracciones penales o administrativas, asciende a unos 72.000 kilos de chatarra, que el cuerpo de seguridad valoró en más de 45.000 euros.
Según la nota de prensa, la operación se inició a principios de año, cuando efectivos del puesto de la Guardia Civil de La Bañeza detectaron varios movimientos sospechosos en las transacciones de cobre inspeccionadas. Estos indicios pusieron en marcha una minuciosa investigación tanto en la comarca de La Bañeza como en la de Astorga y en el entorno de Santa María del Páramo y Carrizo de la Ribera. Fue durante el pasado mes y el actual cuando se consiguieron las pruebas que han permitido imputar a una docena de personas por los diferentes ilícitos penales.
Los implicados en las operaciones presuntamente ilícitas fueron localizados en distintas poblaciones de las cuatro comarcas citadas, si bien el comunicado no precisa ni lugares de residencia ni facilita identidades, al igual que no se detallan los ilícitos en los que habrían incurrido los imputados por ilícitos penales en la compra-venta del cobre.
Intenso control
Fuentes del sector confirmaron ayer que durante los últimos meses se ha producido un importante control de las chatarrerías en las zonas de la provincia reseñadas y explicaron que desde el verano pasado, con la entrada en vigor de la orden del Ministerio del Interior que refuerza el control del comercio del cobre, los gestores autorizados de residuos metálicos tienen obligación de comunicar a diario a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, por vía telemática, los datos de las personas físicas y jurídicas que les venden cobre, con el fin de dificultar la venta de este material cuando procede del robo y de facilitar la identificación de quienes puedan conseguir este material de manera ilícita. Esta medida se adoptó a consecuencia de los numerosos robos de cableado que se han producido en todo el país.
Además, los gestores de residuos metálicos tienen obligación de llevar un libro de registro que requiere el apunte de los mismos datos que en el caso de la compra-venta de oro.
Las mismas fuentes explicaron que los gestores de residuos han sufrido robos de cobre, lo que les ha obligado a instalar cámaras de vigilancia y alarmas en sus instalaciones. Desde el sector indican que el kilo de cobre limpio —sin la funda que lo recubre— se paga en la actualidad a 4 euros y se insiste en que el intrusismo en la gestión de residuos perjudica la imagen de quienes cumplen las estipulaciones para el sector, por lo que solicitan a las autoridades que persigan a los chatarreros pirata.
Las comarcas apuntadas no se consideran zonas en las que el robo de cobro se produzca en mayor medida que en otros lugares de la provincia.