Asaja y la Alianza piden que la PAC penalice a los agricultores «de sofá»

El PSOE y las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León exigieron ayer al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que aclare cuanto antes los fondos que va a recibir España para la Política Agraria Común y que, si hay recorte, éste recaiga «al 100 por cien» sobre los agricultores «de sofá». Según la portavoz de Agricultura del PSOE, Ana Sánchez, que se reunió con representantes de los sindicatos agrarios y la eurodiputada socialista Iratxe García, es preciso conocer de forma real «cuánto hay encima de la mesa para la PAC».

Según Sánchez, la Junta cuenta con el apoyo del PSOE para alcanzar una postura fuerte de Comunidad, de ahí que exija a ambas administraciones la verdad sobre este asunto. Un asunto en el que, según señaló Iratxe García, no se puede permitir una reducción del presupuesto, que es del 13% en esta materia y que, según el ministro, España no verá reducidos sus fondos.

Por primera vez, añadió García, el presupuesto de la Unión Europea desciende y eso hará que se vean perjudicadas todas sus políticas. Por eso es tan importante, añadió, que el Gobierno del PP «ponga encima de la mesa» cuánto va a llegar a España de la PAC.

En lo que sí se mostró «moderadamente» satisfecha fue en el resultado de la negociación de la futura reforma de la PAC a través de la Comisión Europea, donde se han podido incorporar cuestiones fundamentales como la flexibilización de las condiciones medioambientales y se palía el «olvido a la ganadería», entre otros.

Este resultado positivo de la negociación, recordó, tiene que ser apoyado por el Consejo Europeo con los ministros de los 27 estados miembros, por lo que apeló a que Cañete defienda estas mejoras porque está en juego «el futuro del sector en Castilla y León».

Por su parte, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, recordó que si el ministro ha quedado «satisfecho», que también lo hagan el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, cuando se realice el reparto a las comunidades autónomas.

Además, confió en que sea verdad que España mantiene el mismo presupuesto y, en caso de que no sea así, que no se vean perjudicados los agricultores y ganaderos a título principal. Es decir, que esa reducción recaiga «al 100 por 100» sobre los que no son profesionales para que la PAC sea «productiva» y que los fondos que provienen de Europa se queden en quienes mantienen y producen en sus explotaciones.

En términos parecidos se expresó el portavoz en la reunión de Alianza por la Unidad del Campo, Julio López, quien arremetió con los agricultores de «sofá». Por eso insistió en que la reforma debe definir el concepto de agricultor y ganadero en activo, al tiempo que solicitó que se fije un «techo» de ayuda en función de los puestos de trabajo que crean las grandes explotaciones.