El Tribunal de Cuentas de la UE habla de «malas prácticas» en el reparto de la PAC
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) afirmó ayer que ha encontrado algunas malas prácticas en el reparto de fondos de la Política Agrícola Común (PAC) dedicados a hacer más competitiva la industria alimentaria comunitaria, como en el caso de las subvenciones a ese sector en Castilla y León.
La corte, con sede en Luxemburgo, publicó los resultados de un informe sobre la eficacia de las ayudas comunitarias a la industria alimentaria para incrementar el valor añadido de los productos agrícolas.
La UE concede a través de la PAC y en el marco de su política de desarrollo rural ayudas a empresas que transforman y comercializan productos agrícolas, que en el periodo presupuestario 2007-2013 ascendieron a 5.600 millones de euros (una financiación que, combinada con las aportaciones públicas nacionales, llegó a los 9.000 millones de euros).
Para garantizar un uso eficaz de esos fondos, los Estados miembros tienen que presentar programas de desarrollo rural (PDR) adaptados a necesidades concretas, con objetivos nacionales o regionales.
En cambio, el tribunal llegó a la conclusión de que «no existen pruebas de valor añadido en las subvenciones a la industria alimentaria».
Los auditores europeos constataron que sólo se habían fijado «objetivos generales que no demostraban el modo en que se preveía que la financiación aumentara el valor añadido de los productos agrícolas o mejorara la competitividad de la agricultura».
La Junta se defiende
La Junta defendió ayer su gestión en las ayudas europeas y «respeta pero no comparte» el informe de la UE. El secretario general de la Consejería de Agricultura, Juan Zapatero, afirmó que la Junta ha cumplido todos los requisitos legales y ha llevado a cabo «un buen uso de los fondos», en contra de la opinión del Tribunal. Zapatero recordó que la propia Comisión Europea avala estos programas de ayudas y reprochó al Tribunal que solo analiza cinco proyectos subvencionados.