La Junta denuncia el acoso al que están siendo sometidas las empresas mineras
Mantero desvela que el Instituto del Carbón informó a favor de las ayudas hasta finales de febrero.
El parque de carbones de Compostilla, en Cubillos del Sil.
El Instituto del Carbón informó favorablemente la concesión de las ayudas al funcionamiento correspondientes al 2012 de Coto Minero Cantábrico, Hullera Vasco Leonesa, Uminsa y Hunosa hasta el 12 y el 22 de febrero pasados, porque todas esas empresas estaban al corriente de sus pagos tanto a la Seguridad Social como a Hacienda. Para entonces hacía casi dos meses que había concluido el ejercicio del 2012, al que corresponden las ayudas y en el que debían haber sido abonadas.
Las cantidades debían ser en todo caso autorizadas por el Consejo de Ministros, un trámite que supone ratificar la decisión de las autoridades encargadas de vigilar la actividad de las empresas, y que se aplica a las subvenciones de más de 12 millones de euros, porque las de importe inferior no necesitan ese requisito.
A partir del mes de marzo, tanto las dos empresas del Grupo Alonso (CMC y Uminsa) como la Vasco dejaron de cumplir estas obligaciones: llevaban más de un año de retraso en las ayudas comprometidas y la compra de carbón por parte de las eléctricas estaba suspendida (lo que les impide aún a día de hoy facturar ni un euro) por el retraso en la aprobación del real decreto del Gobierno que fija las cantidades y precios del carbón para el ejercicio en curso.
Informes
Así lo prueban los informes de la Comisión de Valoración del Instituto del Carbón, perteneciente al Ministerio de Industria. Informes en los que se especifica que «los compromisos de gasto que se derivan de estos expedientes cumplen los requisitos para ser fiscalizados favorablemente».
Informes que ayer esgrimió el director general de Energía y Minas de Castilla y León, Ricardo González Mantero, para cuestionar una vez más las razones del ministro de Industria, José Manuel Soria, en el retraso en el pago de las ayudas que ha llevado tanto a las empresas de Alonso como a la Vasco a respectivos concursos de acreedores.
Las principales empresas mineras privadas del país se han visto abocadas a solicitar la situación preconcursal para intentar negociar con sus acreedores, una situación fácilmente evitable si el Gobierno hubiera dado el paso de autorizar las ayudas. Ni siquiera tenía que haberlas hecho efectivas: con el compromiso de pago de los 50 millones en el caso de Alonso y los 15,5 millones que el martes por la tarde recibió finalmente la Vasco las entidades financieras hubieran concedido los créditos para hacer frente al pago de nóminas y acreedores, que suponían un porcentaje menor de las cantidades comprometidas en las ayudas.
La Comisión de Valoración estableció en sus actas sobre las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas tres grupos. En el primero estaban doce empresas, entre ellas CMC, Uminsa, la Hullera Vasco Leonesa, Carbones Arlanza e Hijos de Baldomero García. «El presidente propuso a la Comisión que las empresas citadas obtuvieran la condición de beneficiario».
Otras dos de las pequeñas con sede en León, Carbones del Puerto y San Isidro y María, «completaron en forma y plazo la documentación exigida tras la fase de subsanación o corrección de la documentación establecida»; mientras que Alto Bierzo debía cumplir precisamente la exigencia de estar al corriente de pago de obligaciones».
Con estos datos la Junta de Castilla y León insiste en su política de presionar al Ministerio de Industria para que atienda las razones del sector minero, que desde hace semanas se encuentra totalmente paralizado y con prácticamente todos sus trabajadores en el paro.
Incumplimiento
A falta de que se resuelva el contencioso por el pago de las ayudas al Grupo Alonso, que sigue su tramitación ya en el ámbito contencioso-administrativo, en la práctica las empresas eléctricas siguen sin formalizar sus contratos a largo plazo con las mineras. Una inestabilidad que no sólo supone el incumplimiento de las exigencias de Industria, sino que aboca a las sociedades del carbón a la quiebra e impide que puedan normalizar la situación en sus explotaciones.
Por otro lado, el secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Julio Villarrubia, aseguró ayer que la reunión de la Interparlamentaria del PP en Salamanca puede servir a Juan Vicente Herrera para reclamar al presidente del Gobierno una solución al problema de la minería del carbón de Castilla y León, al margen del ministro de Industria, José Manuel Soria, y en un momento en el que «no son suficientes las declaraciones».