Un imputado por el incendio que arrasó en agosto 40 hectáreas en Sena de Luna
La reforma del Código Penal impone hasta seis años de cárcel para los pirómanos.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de León identificaron el pasado 9 de septiembre a un vecino de Sena de Luna como el presunto autor del incendio que el 23 de agosto calcinó cuarenta hectáreas de masa forestal y matorral en los montes de Caldas, según confirmaron ayer fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Al parecer se trata de un vecino que realizaba labores de limpieza en una finca y que cometió una imprudencia por la que tendrá que comparecer ante el juez.
Se trata de la segunda detención efectuada este verano en la provincia en relación con los incendios forestales, según la Subdelegación. La primera de ellas se produjo el pasado 30 de mayo, cuando se detuvo al presunto autor del incendio que quemó 640 hectáreas en Santovenia del Monte. Se trata del mayor incendio forestal de los provocados este verano en todo Castilla y León, y uno de los más graves a nivel nacional.
La imputación del vecino de Sena de Luna se conoció ayer, justo cuando el Consejo de Gobierno aprobó la nueva reforma del código penal que endurece especialmente las penas a los autores de los fuego hasta con seis años de prisión.
El nuevo texto incluye dos nuevas causas agravantes en el caso de los incendios forestales. Por un lado, que éstos se produzcan cerca de núcleos urbanos y que el incendio se provoque en circunstancias climatológicas que incrementen el riesgo de propagación del fuego. En estos nuevos supuestos, además de los que ya estaban considerados como agravantes en la legislación vigente, la pena se incrementa y pasa a ser de tres a seis años de prisión.
Asimismo, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos, el castigo será el mismo que para los delitos contra el medio ambiente y los autores podrán ser castigados con la pena superior en grado.
La modificación permitirá a jueces y tribunales imponer medidas encaminadas a restaurar el ecosistema dañado y la protección de los espacios naturales, a cargo del autor del hecho.
Por último, para facilitar la agilidad de las investigaciones, el proyecto modifica la ley orgánica del tribunal del jurado de manera que la instrucción y el enjuiciamiento de estos delitos se encomienda a Tribunales ordinarios, en lugar de los Tribunales del Jurado.