La reforma local priva a las pedanías de su carácter de administración pública
El Consejo General denuncia que las juntas vecinales serán entidades privadas.
Los directivos del Concejo General de León Carlos González, Andrés Buelta y José Alonso.
El Concejo General de León denunció ayer que la indefinición a la que la reforma de la Administración local condena a las entidades locales menores —juntas vecinales y concejos— supondrá la pérdida de su patrimonio. Además, perderán su condición de administraciones públicas de ámbito local, perdiendo sus competencias. Los cambios legislativos, obra de «un tecnócrata», conllevarán «una multitud de conflictos» que los tribunales habrán de resolver en función de un texto ambiguo, que dará lugar a diferentes interpretaciones por parte de los jueces.
En su primera comparecencia pública desde que fue elegido como presidente del Concejo General —conocido hasta ahora como Federación Leonesa de Entidades Locales Menores—, Andrés Buelta, denunció la pérdida de la condición de administraciones de las entidades menores locales y destacó la certeza del Concejo General de que «representantes del Gobierno apoyan nuestras enmiendas» a la reforma, en un último intento por llamar la atención de un legislador «más urbano que rural», ya que la ley obtendrá el visto bueno del Senado el próximo lunes y la ratificará el Congreso de los Diputados el día 19. «Vendrán otras elecciones y nos pedirán nuestros votos», añadió antes de anunciar acciones legales «ante organismos europeo independientes».
El secretario del concejo, Carlos González Antón, explicó que la reforma echa del artículo 3 de la Ley de Bases a las entidades locales menores y, pese a que la disposición transitoria cuarta indica que las existentes mantienen su personalidad jurídica no dice que sean administraciones públicas». Esta indefinición provoca que el patrimonio de los pueblos pase a los ayuntamientos, pues «los bienes públicos sólo pueden pertenecer a administraciones públicas» y no a entidades cuya personalidad jurídica no se concreta.
La alternativa de las juntas vecinales por evitar la ambigüedad pasa por añadir el carácter de administración pública en una ley «que convierte a las juntas vecinales en simples urbanizaciones» en las sesiones del 16 y el 19 en el Parlamento.
«Mil conflictos legales»
González-Antón calificó de chapucera la reforma: «Desde el punto de vista jurídico es tan mala que va a crear mil conflictos legales en función de que los ayuntamientos entiendan o no que el patrimonio pasa a depender de éstos. Obligará a Cambiar la Ley de Régimen Local de Castilla y León e incluso obliga a cambiar el estatuto de autonomía». El daño que anuncian no podría repararse si se declara «la inconstitucionalidad de la ley o una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque llegarían después de unos cuantos años».
Privar a los concejos de su carácter de administración local «es un error histórico para el Gobierno del PP, porque se pierden prerrogativas que se han mantenido durante siglos», además, si esto sucediera, no tendría sentido que cumplan las exigencias de estabilidad presupuestaria, rendición de cuentas y pago en plazo a los proveedores, aspectos que preocupaban hasta ahora a las pedanías y que quedan en segundo plano.