El juez afirma que «hay cantidades muy llamativas» en el fraude de las mineras

El juez encargado del proceso abierto contra las seis empresas leonesas por el posible fraude en el cobro de las ayudas al carbón aseguró ayer, respecto a las subvenciones recibidas por las mineras, que «hay cantidades muy llamativas». Para el magistrado Ignacio Candal, titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Ponferrada, las empresas imputadas en el proceso «en principio» no han justificado las ayudas anuales que han solicitado por la extracción de mineral con «el carbón sacado en la mina», una circunstancia denunciada por el Ministerio Fiscal y que motivó la apertura, el pasado julio, de la investigación judicial, en la que también se encuentran imputados doce empresarios del sector.

El juez, que reiteró ayer en declaraciones a Radio Bierzo que «se aprecian indicios de criminalidad» en la actuación de las sociedades mineras, señaló que «habrá que escucharles para que den sus justificaciones». Según el magistrado, «cuando hablamos de indicios es porque todas las personas a las que se ha imputado han superado la cantidad que establece el código penal».

Aún no hay fecha concreta para la toma de declaración de los imputados que depende de las disponibilidades de señalamientos de juicios civiles y penales y la atención a los procesos de violencia sobre la mujer que atiende el juzgado que lleva el caso.

Mientras tanto, sigue adelante la investigación que está centrada en una cuestión «muy concreta», según aclaró Candal que señaló que, de momento, «no va a extenderse». Así, en palabras del magistrado «la investigación afecta a unas empresas muy concretas sobre un motivo muy concreto», pese a lo cual el magistrado reconoció que se trata de un proceso «muy complejo» que ya lleva acumulados miles de folios.

Todos los imputados en la causa tienen hasta hoy para recurrir la decisión judicial, una medida que ya ha anunciado Unión Minera de Norte (Uminsa), perteneciente al Grupo Alonso. En el auto de imputación, el juez asevera que los indicios recabados en la investigación apuntan a que las mineras han obtenido las subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas entre los años 2007 y 2012 «falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando aquellas que hubiesen impedido recibir tales ayudas».