Recurren la fianza a las acusaciones por la matanza de lobos de Camaleño
La juez exige a la FOP y Gedemol 4.000 euros para continuar en la causa contra un grupo de cazadores .
La juez que instruye el caso de la matanza de cinco lobos en Camaleño, ocurrida a finales de 2013, ha solicitado a la Fundación Oso Pardo (FOP) y al Grupo para el Estudio y defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) una fianza de 4.000 euros para que puedan ejercer la acusación particular por un presunto delito contra la fauna que se imputa a una partida de cazadores que abatió a los cánidos, que todos los años criaban en la vertiente leonesa de San Glorio.
Según explicó el letrado de la FOP, Carlos González Antón, el problema para su representada y Gedemol se plantea cuando la Fiscalía solicita la fianza, por el mismo importe a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) y Ecologistas en Acción (EA), que se habían personado «como acusación popular» contra los cinco cazadores. En sus recursos contra esta pretensión, que no atendieron ninguna de las organizaciones, «apuntaban que esta condición no se nos había exigido a las acusaciones particulares y finalmente ha resultado que se nos ha hecho extensiva», explicó el letrado que apuntó que la FOP ha recurrido la decisión judicial. «No nos pueden admitir como acusación particular y fijar una fianza con posterioridad y, por otra parte, se trata de una cantidad muy elevada», añadió el abogado. Gedemol ha seguido los mismos pasos que la FOP y ambas organizaciones conservacionistas esperan ahora una resolución.
La titular del Juzgado de Instrucción de San Vicente de la Barquera resolvió recientemente dejar fuera de la acusación a Ascel y EA, ya que no abonaron los 4.000 euros que se les exigían de fianza. La decisión ha sido objeto de sendos recurso ante la instructora, pendientes de resolver, y no se descarta que ambas entidades lleven el asunto a la Audiencia de Santander si no se aceptasen sus alegaciones.
La matanza de lobos volvió a causar especial revuelo este mes de noviembre, cuando se supo que en la partida de cazadores se encontraba un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).