Europa logra que se eliminen derechos de preferencia en las líneas de transporte escolar

La batalla legal iniciada hace una década en Europa por la empresa de transporte María Celina de Cistierna, y a la que más tarde se sumaron otras muchas de Castilla y León, para que se eliminaran los derechos de preferencia en la adjudicación de las líneas de transporte escolar, ha dado sus primeros frutos.

En las reiteradas misivas enviadas a la Comisión Europea denunciaban que la Junta de Castilla y León incumplía con la normativa europea al aplicar los derechos de preferencia en la adjudicación de contratos para la prestación de servicios de transporte en autobús de carácter especial de escolares. Se trata de una práctica «ilegal e injusta», según Carlos Grandoso, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Discrecional de Viajeros de Castilla y León (Asetradis), de la que se beneficia el 20% de las empresas de transporte de la comunidad, que se reparten el 80% de las 1.500 rutas escolares de la comunidad, lo que «ha eliminado el derecho a la competencia y ha creado un peligroso oligopolio».

Según este criterio, las empresas concesionarias con líneas de transporte regular tienen preferencia en la asignación de las rutas de transporte escolar si el itinerario de la ruta coincide entre un 25% y un 75% con su línea regular, lo que deja fuera de concurso al 80% de las pequeñas empresas de transporte de la comunidad. «Estos criterios al primero que perjudican es al usuario, ya que no se tienen en cuenta las condiciones económicas a la hora de adjudicar los contratos lo que repercute directamente en el precio del servicio, que llega a encarecer hasta un 20%».

Proceso de infracción

Ante esta situación, Bruselas incoó en el año 2013 un proceso de infracción contra España por permitir esta práctica mediante el envío de una carta de emplazamiento seguida del envío de un dictamen motivado.

Por este motivo, la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a eliminar los derechos de preferencia aplicados por decreto desde 1999, a través de la aprobación de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a los ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (Bocyl 249 de 29 de diciembre de 2014).

Aunque tras una primera lectura de esta normativa pueda parecer que la Junta rectifica en su política de adjudicación de los contratos del transporte, desde Asetradis se asegura que «el Gobierno autonómico está buscando todas las medidas posibles para que la supresión de los derechos de preferencia tenga el menor impacto posible».

Carlos Grandoso asegura que «la Junta lejos de acabar con los contratos adjudicados con los derechos de preferencia a través de un nuevo concurso, lo que hace es prorrogarlos año tras año, hasta que la ley se lo permite, lo que sigue dejando en desventaja al 80% de las empresas de transporte de la comunidad, por lo que la situación sigue siendo la misma».