LA CRISIS DEL CARBÓN

Las mineras alertan de que no sobrevivirán al verano si no se acelera el incentivo

Carbunión calcula que el cierre ordenado del sector costará 4.000 millones y creen que Soria aún puede rectificar

La directora general de Carbunión, Mercedes Martín, y el presidente, Óscar Lapastora

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PACHO RODRÍGUEZ | MADRID
León

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Con las elecciones recién celebradas como inevitable telón de fondo, Carbunión reclamó ayer en Madrid que el ministerio que preside José Manuel Soria «publique ya la orden ministerial con los nuevos incentivos al carbón», y en palabras en forma de alerta de Mercedes Martín, directora general de Carbunión, «porque de no ser así las empresas no llegarán al verano». Martín cifró en más de 4.000 millones el coste que tendría cerrar «bien» el sector, una medida que afectaría a un total de 150.000 personas.

En esta situación, y a la espera de que se apruebe el borrador diseñado por el Ministerio de Industria, la patronal de empresarios de minas de carbón cree que en Palencia y Asturias se va a pasar muy mal y entiende que la polémica política surgida a raíz de las actuaciones para el sector minero puede beneficiar al mismo y representar una oportunidad.

La comparecencia de la representante de las compañías mineras dejó la sensación de que la alarma ya ha sonado y que si no hay acción inmediata por parte de las instituciones la minería tiene los días contados. A cierre de mayo, las ventas no superan la cifra de 1,1 millones de toneladas y se espera que acaben el año con 2,5 millones de toneladas. Una cifra que contrasta con los 6,15 millones de toneladas que se quemaron en 2012.

Aunque en términos generales, el mensaje fuerza, junto a la reivindicación anterior, era el de reclamar la ejecución de la norma y que incluyera para ser efectiva la exención del céntimo verde al carbón. La cita también sirvió para poner en valor un gran apartado dedicado a explicar la situación del carbón en España, su necesidad, según Carbunión, la posibilidad de acogerse a la orden de pagos por capacidad, y otros aspectos relacionados tanto por la importancia estratégica del carbón español como la seguridad que ofrece en cuanto a suministro. En definitiva, el caballo de batalla de la asociación de empresas mineras sigue siendo convencer de su viabilidad y rentabilidad. Por ejemplo, la bonificación al céntimo verde permitiría pasar a 0,15 euros frente a 0,65 euros actual. Además, Mercedes Martín reivindicó el valor estratégico del carbón español como forma de frenar el alza de las facturas energéticas, como efecto actual contrastado.

De esta manera, la patronal minera instó al Ministerio de Industria, y por tanto al Gobierno, a ejercer la responsabilidad de defender al sector, «y demostrar que puede hacer una buena negociación y salvar la minería», señaló Martín, que pasó por encima acerca de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, aunque sí dejó caer que «sin ser una experta, puede que haya podido influir la situación de la minería en la orientación de voto», subrayó.

En definitiva, la comparecencia de Mercedes Martín no quiso dejar dudas acerca de la preocupación por parte de la patronal. Por ello aventuró «un año catastrófico» si no se ponen en marcha las medidas pendientes. Y de la misma forma, también aseguró que desde la urgencia, en cualquier momento, y según los últimos acontecimientos, se podrían entablar contactos en los que el Gobierno, ministerio y autonomía tendrían la oportunidad de defender al sector y demostrar su verdadero compromiso.

La cita de ayer también sirvió para ofrecer datos que no por repetidos evitan el asombro del declive de un sector que podría llegar a perder 4.000 puestos de trabajo directos, a los que se deberían añadir aquellos de las centrales térmicas, que sin una solución para el sector se verían obligadas a cerrar.

Por eso, la reclamación de Carbunión se centra en urgir la regulación de las ayudas a las centrales térmicas con el fin de conseguir una producción anual de más de cinco millones de toneladas de carbón.

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Según Martín, no alcanzar ese nivel de producción ya tan bajo, es decir que no se siente la base legal de la publicación de la orden, «que la tramitación sea rápida y pase los filtros de la CNMC y de la Comisión Europea», según advirtió la directora general, llevaría al cierre de las empresas este verano.