Ferduero exige indemnizar las restricciones de riego si suben los caudales ecológicos

Los caudales ecológicos, las tarifas por el uso del agua y las regulaciones pendientes que contempla el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Duero (PHD) no han gustado a la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero), que espera respuesta a las alegaciones que presentó a finales de junio a la regulación de la cuenca que estará prevista hasta 2021. Entre éstas, destaca la solicitud de indemnizaciones por pérdidas en los cultivos cuando, por motivos medioambientales, se detraiga agua de las concesiones de riego.

Ferduero —con sede en Hospital de Órbigo y que representa a 130 comunidades de regantes de la cuenca, con 250.000 hectáreas y 82.000 propietarios— considera que mientras los usuarios del agua «recuperan los costes de las infraestructuras de regulación» —embalses, que posibilitan además disponer de los caudales ecológicos—, la Administración del Estado cede «a la influencia de diferentes grupos de presión, agentes sociales y de la Consejería de Medio Ambiente» y, así, el agua para uso ambiental gana en volumen según se suceden los planes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Ferduero estima que el aumento de la cantidad de agua para mantener los ríos en un óptimo estado desde el punto de vista medioambiental debe conciliar los distintos intereses, especialmente en zonas deficitarias de agua, ya que «detraer aún más cantidades para este fin pondría en serio riesgo el futuro de nuestras zonas regables», por lo que se opone a la medida.

Además, el beneficio ambiental por incrementar los caudales redunda en toda la sociedad, por lo que «no parece lógico que eso lo paguemos los usuarios de dichos embalses, principalmente los regantes». Así, propone que cuando se restrinjan las concesiones para atender los caudales «tiene que ser reconocido el derecho a la expropiación forzosa previa indemnización que cubra las pérdidas en las explotaciones por falta de agua».

Por otra parte, Ferduero pide que se mantenga el uso del agua para regadío como segunda prioridad tras el abastecimiento, como hasta ahora, y con respecto a la contaminación por el uso de fitosanitarios y abonos señala el interés de los agricultores por mantener en las mejores condiciones el medio y el adecuado manejo que reciben los citados productos, regulado por normativa europea, no sólo por una mayor concienciación, sino, también, como forma de reducir los costes de producción. También añade que las modernizaciones de regadío ahorran agua y obtiene mejores cosechas con menos aportes de nitrógeno y herbicidas al suelo.

Las alegaciones sostienen que las comunidades de regantes aportan el 90% de los costes de los servicios relacionados con el agua, por lo que desecha un incremento de tasas y cánones teniendo en cuenta los beneficios que reporta el regadío al conjunto de la sociedad, como sumidero de CO2 y fijación de población, entre otros.