El fraude de las matrículas «es un caso único en España» y sigue sin control preventivo

El caso de exceso de matriculaciones en educación a distancia en el centro privado de Formación Profesional (FP) Tierras de La Bañeza no habría llegado a la Administración de Justicia «sin un denuncia previa», según reconocieron ayer los inspectores de la Consejería de Educación que tuvieron alguna relación con los acontecido en la institución educativa. Además, a preguntas del presidente de la Sala de lo Penal señalaron desconocer que, tras el escándalo, se hayan adoptado mecanismos de control de los centros privados que permitan detectar casos como el que se dio en La Bañeza y afectó a más de 110 personas en toda España.

La honradez de los gestores de una educación que no es obligatoria y la mutua confianza entre los centros y las autoridades educativas presiden la relación entre ambas partes, apuntó uno de los funcionarios. Por otra parte, los inspectores —Algunos ya jubilados— no conocen un precedente de la supuesta estafa que se juzga esta semana en la Audiencia Provincial de León.

Además, explicaron que la inspección educativa está más pendiente de los centros públicos y de los privados concertados que de los centros privados sin concierto, como el Tierras de La Bañeza, y que su labor se encamina a que los trámites administrativos se realicen «de la mejor manera posible», por lo que su labor, en ocasiones, es más pedagógica que fiscalizadora.

En cualquier caso, de las testificales practicadas ayer —en las que declararon como testigos el director y el secretario del IES Vía de la Plata, al que estaba adscrito Tierras de La Bañeza, además de inspectores y perjudicados— se desprende que los responsables de Tierras de La Bañeza conocían que su autorización se limitaba a 20 puestos escolares por ciclo de formación a distancia y presencial. Aseguraron que así lo reconoció verbalmente la directora del centro y consta en escritos remitidos a la Dirección Provincial de Educación y que ningún documento que haya emanado del Ejecutivo autonómico o de la Administración del Estado pudo haber causado un equívoco en cuanto al número de matrículas concreto autorizado para ese centro.

El director y el secretario del IES Vía de la Plata coincidieron en señalar que la Dirección Provincial de Educación no les ofreció ningún tipo de preparación con respecto a su labor cuando se le adscribió el centro privado en 2001. También apuntaron que Tierras de La Bañeza «nunca nos remitió más de 20 matrículas por curso y módulo» y que desde el principio las irregularidades administrativas fueron una constante.

Nueve meses de lucha

En cuanto a los perjudicados, el testimonio más elocuente fue el que ofreció a la sala la alumna que coordinó la reivindicación de los afectados por las falsas matrículas ante la Junta de Castilla y León, Josefina López Plaza. Cuando se conoció el problema «la junta de Castilla y León «nos dijo que no somos alumnos y que no es quién para aconsejarnos sobre qué hacer».

«Jamás he visto a una consejería lavarse las manos de esa forma. Sin no presionamos nos hubiéramos quedado sin el reconocimiento de los exámenes y sin las pruebas» específicas, convocadas para dar solución a los alumnos sin matrícula. Plaza recordó que Educación adoptó como primera solución «la convocatoria de unas pruebas libres» y que no fue «hasta que no se convocó y organizó una huelga de hambre no dio validez a los exámenes». Los afectados batallaron durante nueve meses, precisó a petición de la Fiscal.