EL FRAUDE DE FP
«Si la Junta hubiera actuado con diligencia no estaríamos celebrando este juicio»
Sólo el letrado de la Comunidad estima correcta la vigilancia del centro en el proceso que ayer quedó visto para sentencia.
Después de cinco días, ayer quedó visto para sentencia el juicio por un presunto delito de estafa continuada por el exceso de matrículas en el centro de Formación Profesional Tierras de La Bañeza. La Fiscalía mantuvo su petición de cuatro años de prisión para la directora, el jefe de estudios y el secretario de la institución educativa, pena a la que se adhirieron el resto de acusaciones particulares, excepto la más numerosa, con 67 representados, que solicitó siete años de prisión.
La defensa adujo que no existió ánimo delictivo ante una situación que la Consejería de Educación «conocía y consentía tácitamente». En opinión del letrado, el caso debía haberse sustanciado en la vía civil y no en la penal, al apreciar irregularidades administrativas, por lo que solicitó la absolución.
Si en algo coincidieron todas las acusaciones (excepto la Junta) y la defensa fue en el «fallo total de la inspección educativa». La Fiscalía apuntó que si en Hacienda se obra del mismo modo «todos seríamos grandes defraudadores», mientras otra acusación apuntaba que si fuera cierta la imposibilidad de controlar la enseñanza a distancia debería suprimirse: El abogado de la defensa apuntó que si la Junta «hubiera procedido con diligencia hoy no estaríamos aquí» .
La fiscal apuntó que el delito de estafa continuada es «claro, total, absoluto y contundente» y añadió que «hemos apreciado indicios de muchos más delitos, que, desgraciadamente han prescrito» y citó como ejemplo la tramitación de becas sin matrícula, como posibles ilícitos fiscal y de falsedad. Además, matricular alumnos sin la titulación precisa constituye «otra estafa», en un caso «hasta de Audiencia Nacional» por afectar a más de un centenar de personas de todo el país.
En lo que se refiere a la cuantía del fraude, la fiscal calculó «cerca de 100.000 euros» si se consideran «las mínimas cantidades» y consideró «escandaloso» que el centro reclamara cuotas aun después de haberse conocido las irregularidades. Incluso «pretendía matricular alumnos para el curso 2009-2010 cuando ya había sido clausurado».
Las acusaciones aprecian el mismo grado de responsabilidad en los tres acusados y solicitaron que se indemnice por el daño moral causado a los alumnos. Al tratarse de un centro autorizado por la Junta para impartir un enseñanza reglada, reclamaron la responsabilidad subsidiaria de la Consejería de Educación.
El letrado de la defensa considera suficiente la tutela del centro privado por un instituto público, la Dirección Provincial de Educación y la inspección educativa para la absolución de sus patrocinados y considera que los hechos son consecuencia de un embrollo burocrático que genera la Junta. Apuntó, además, que Tierras de La Bañeza «devolvió a quienes lo solicitaron más de 7.000 euros». Solicitó que se apliquen las atenuantes de dilación injustificada del proceso, reparación de daño y colaboración con la Justicia si finalmente se encuentra delito.
El letrado de la Junta niega la responsabilidad subsidiaria de Educación porque el delito no lo comete alguien que depende funcionalmente de la Administración y no se produce en instalaciones de ésta. Además, señaló que los medios de inspección son suficientes para situaciones normales, siendo éste un caso excepcional.