Alonso será juzgado en septiembre por un delito contra el patrimonio
La Fiscalía acusa al empresario de arruinar un yacimiento arqueológico en Huesca.
Aún tendrá que pasar un año para que se celebre el juicio contra el empresario leonés Victorino Alonso García, al que se le acusa de un delito contra el patrimonio por la destrucción de un yacimiento arqueológico del neolítico en la provincia de Huesca. El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha fijado la vista para los días 21 a 23 de septiembre de 2016. En las tres sesiones comparecerán 26 testigos, dos peritos —el director del Museo Arqueológico de Huesca y el restaurador de esta institución— y cinco agentes de la Guardia Civil.
Los hechos se remontan al año 2007, cuando se ejecutaron obras en un coto de caza gestionado por una empresa de la que Alonso era accionista mayoritario y administrador único. Además, los trabajos que dieron al traste con los restos prehistóricos de la cueva de Chaves —en el municipio oscense de Casbas y considerado uno de los más importantes de Europa— se contrataron a otra empresa bajo control del leonés. Como resultado de la actuación y según mantienen las acusaciones particulares, el yacimiento, en el que se habían realizado varias campañas de excavación y se encuentra en el entorno del Bien de Interés Cultural de las Cuevas de Solencio, se convirtió en lugar de cobijo y alimento para las especies cinegéticas del coto de caza.
La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales una pena de 2 años y 8 meses de prisión por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio, así como a indemnizar al Gobierno de Aragón con más de 14,31 millones y a la restitución parcial del daño.
La Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), personada como acusación particular, eleva la privación de libertad a tres años, insta la imposición de una multa de 24 meses a razón de 400 euros diarios, y se suma al Ministerio Público en lo que a responsabilidad civil se refiere.
Ecologistas en Acción pide la misma pena de prisión que Apudepa, al igual que la multa, pero exige una indemnización superior: más de 50,68 millones. También estima que se produjo un delito ecológico para el que pide un castigo de tres años de cárcel. La Administración aragonesa se persona como acción civil y solicita una indemnización de 50,98 millones o ,subsidiariamente, 14,31. La defensa pide la libre absolución.