El administrador de la Vasco se planta y planea cerrar por su cuenta la mina interior en cinco meses

maría j. muñiz | león

La administración concursal de la Hullera Vasco Leonesa ha decidido no esperar a la resolución de las negociaciones entre la Junta y la Secretaría de Estado de Energía sobre las fórmulas jurídicas para hacer llegar el dinero que permita ejecutar un cierre ordenado de la explotación de interior, y anuncia a los trabajadores que ejecutará por su cuenta un proyecto «rápido, a cinco o seis meses», con los empleados que queden en la empresa una vez ejecutado el despido colectivo que ya está en el Juzgado de lo Mercantil de León.

Así lo anunció al comité de empresa, que ayer transmitió el giro que ha dado la situación de la compañía en una asamblea de trabajadores en la que el desánimo volvió a adueñarse de los mineros. Poco duró la esperanza del mensaje lanzado tras la reunión de la pasada semana con los consejeros de Economía y Fomento, que proponía prolongar los contratos uno o dos meses hasta encontrar una fórmula para que pudieran desarrollar el cierre ordenado de la mina de interior. Finalmente los despidos se harán firmes en un par de semanas, y el cierre de la mina subterránea se zanjará con la extracción apenas de los elementos eléctricos y los contaminantes (fundamentalmente los que tienen aceites); así como los tabiques que permitirán dirigir los desagües por el túnel de La Robla.

Reclamación

La imposibilidad de la administración concursal de optar a cualquier ayuda (los 12 millones para el cierre a los que podría aspirar este año suman prácticamente la misma deuda que mantiene con la Seguridad Social y con Hacienda, y hacen inviable el cobro) abocaba la situación a que las labores de cierre fueran ejecutadas por la Junta. Desde el gobierno autonómico ya han advertido al administrador concursal de que el coste de este cierre será entonces reclamado a la empresa en concurso, como responsable civil subsidiario.

La Junta también ha indicado que el coste y duración de un cierre ordenado está en todo caso muy lejos de los 20 millones de euros y más de tres años de duración que planteó el administrador concursal en su informe. Un plan que en ningún caso llegará a ejecutarse, sea cual sea la fórmula que finalmente se elija.

Desde el comité de empresa mostraron ayer la decepción que la noticia ha supuesto para los trabajadores que habían renunciado a acogerse a las bajas incentivadas con la esperanza de recolocarse en las tareas de cierre de la mina de interior. En total aceptaron esta propuesta 61 miembros de la plantilla. De los que ahora están en el expediente de despido colectivo, unos 60 pueden acogerse aún a esta medida porque llevan más de tres años en una empresa acogida al plan de cierre de la minería no competitiva, según explicaron ayer desde el comité de empresa. El resto tendrán que acogerse a los pagos del Fogasa.

Hasta el 31 de diciembre quedan en la empresa los mineros que cumplen la edad de prejubilación antes de esa fecha, el comité de empresa y el grupo de ‘trabajadores críticos’ que llevan a cabo las tareas de mantenimiento de las instalaciones.

La Junta conminará esta semana a la administración concursal a iniciar el proceso de cierre, y si la empresa no puede hacerlo, en el plazo de un mes se declarará el incumplimiento y será la administración autonómica la encargada de hacerlo.