El municipio recurre a Hacienda para cumplir con dos sentencias

A. Domingo | Redacción

El pleno del Ayuntamiento de Choza de Abajo aprobó este sábado, en una sesión extraordinaria, su adhesión al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para hacer frente a dos sentencias judiciales firmes, que le obligan a pagar un total de 264.278 euros a dos empresas constructoras. El acuerdo se adoptó por unanimidad de los concejales presentes —PSOE, UPL y Ciudadanos—, sin que comparecieran los concejales del grupo popular, en el gobierno municipal cuando se produjeron los contenciosos. El referido fondo prevé financiar a las entidades locales que deben hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales.

La sentencia más gravosa para la hacienda local es consecuencia del litigio con la adjudicataria de las obras de ampliación del colegio de Cembranos, el cerramiento del polideportivo y la construcción de un parque —acometidas en el año 2006—por las que el contratista exigía 180.000 euros. Sin embargo, la cantidad asciende ahora a 210.093 euros al sumársele los intereses de demora.

El segundo de los fallos se debe a la exigencia de una promotora de recuperar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) que pagó tras solicitar licencia de obra para levantar unos chalés en Ardoncino. Finalmente, desistió de las obras y, al ver que el Ayuntamiento no atendía su reclamación, presentó recurso contenciosos-administrativo que finalizó con la condena en firme al Ayuntamiento a devolver los 39.460 impuestos a la constructora, más los intereses de demora, dando lugar a un total de 53.185 euros.

El alcalde de Chozas de Abajo, Jorge Santiago, señaló ayer que su equipo de Gobierno desconocía la existencia de la sentencia de menor cuantía y mostró su preocupación por la abultada deuda municipal. «Cuando empezó el mandato nos encontramos alrededor de 1.700.000 euros de deuda», señaló. Acudir a la convocatoria del fondo —el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 16 de agosto— «supone que más del 10% del presupuesto en los próximos ejercicios deberá destinarse a atender los pagos del Plan de Pago a Proveedores y las cantidades que nos exijan ahora por financiar el pago de las sentencias».

Santiago criticó «la prisa que nos ha metido el PP desde el inicio del mandato para que paguemos las obras de Cembranos» e insinuó que el constructor pudo enterarse de que la cantidad por la que litigó no se contemplaba en el presupuesto de este año por concejales de este partido. El regidor señaló que el motivo de no incluirla en las cuentas no era otro «que negociar el pago con la concesionaria». Recordó, además, que el equipo de gobierno PSOE-UPL ya ha tenido que hacer frente al pago de otras sentencias, «que nos dejó el anterior alcalde».